Sentencia TC-0367-15

República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
respectivamente, argumentando que, respecto del dictamen “las decisiones del
Ministerio Público son de carácter administrativo, de modo que no obstante
se invoque la violación de un derecho fundamental, no pueden ser recurridas
por vía directa en sede constitucional”; y respecto de las dos últimas,
“impugnadas no han adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente
juzgada”; y (ii) admitir el recurso contra la sentencia de la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia, anular la decisión y enviar el asunto por ante dicha
corte, a los fines de que conozca del mismo de acuerdo al criterio de este
Tribunal Constitucional.
3. Si bien concurrimos con la decisión de anular la sentencia de la Suprema
Corte de Justicia, por comprobarse la violación al deber de motivar
adecuadamente sus decisiones; discrepamos en cuanto a los motivos de
inadmisibilidad del recurso en cuanto al dictamen del Ministerio Público, y las
decisiones dictadas por el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito
Nacional y la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, por
las razones que explicaremos a continuación.
I. SOBRE EL SENTIDO DEL ARTÍCULO 53 Y LA NATURALEZA
DE SU CONTENIDO
4. El artículo 53 de la Ley No. 137-11 y el artículo 277 de la Constitución
Dominicana establecen que el recurso de revisión de decisión jurisdiccional
solo puede ser interpuesto contra un acto de carácter jurisdiccional –no
administrativo–, es decir, que haya sido dictado por un órgano con potestad
para aplicar derecho, que es la potestad jurisdiccional; y además que la
decisión haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada
luego del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010).
Expediente núm. TC-04-2013-0080, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por
Ivanoska Díaz Terrero contra la Resolución núm. 7229-2012, dictada por la Suprema Corte de Justicia el veintisiete (27)
de noviembre de dos mil 2012; la Resolución núm. 374-PS-2012, dictada por la Primera Sala de la Corte de Apelación del
Distrito Nacional el diecisiete (17) de julio de dos mil doce (2012); el Dictamen del Ministerio Público del siete (7) de
diciembre de dos mil once (2011) y el Auto núm. 395-10, dictado por el Séptimo Juzgado de la Instrucción el nueve (9) de
septiembre de dos mil diez (2010).
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