Sentencia TC-0367-15

República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
recurso de casación contra la decisión de la Primera Sala de la Cámara Penal
de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que revocó el auto del juez de
la instrucción, sin que a lo largo de ese proceso se subsanara la violación
alegada.
Otra condición, es que se hayan agotado los recursos disponibles dentro de la
vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada.
Con la sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, ahora
recurrida, que declaró inadmisible el recurso de casación contra la Resolución
374-PS2012, culminó la vía jurisdiccional sin que se subsanara la violación
alegada por la recurrente. Y la última de las condiciones, que la violación al
derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción
u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que
dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el
Tribunal Constitucional podrá revisar, y en esa virtud es factible imputar a la
Segunda Sala de la Suprema de la Corte de Justicia, de modo inmediato y
directo, la violación a la tutela judicial efectiva alegada a la recurrente.
Según lo que expresa el procurador en su opinión, en el presente caso hay una
violación al precedente establecido por el Tribunal Constitucional en su
sentencia núm. TC/0009/2013, del 11 de febrero de 2013, respecto de la
obligación de motivar las sentencias a cargo de los tribunales, en aras de la
tutela judicial efectiva de los justiciables, pues no se advierten “las
consideraciones pertinentes que permitan determinar los razonamientos en que
fundamenta la decisión adoptada”, tal y como ha advertido el Tribunal
Constitucional. De ahí que el recurso debe ser acogido.
7. Pruebas Documentales
Los documentos más relevantes depositados en el trámite del recurso de
revisión constitucional que nos ocupa, son los siguientes:
Expediente núm. TC-04-2013-0080, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por
Ivanoska Díaz Terrero contra la Resolución núm. 7229-2012, dictada por la Suprema Corte de Justicia el veintisiete (27)
de noviembre de dos mil 2012; la Resolución núm. 374-PS-2012, dictada por la Primera Sala de la Corte de Apelación del
Distrito Nacional el diecisiete (17) de julio de dos mil doce (2012); el Dictamen del Ministerio Público del siete (7) de
diciembre de dos mil once (2011) y el Auto núm. 395-10, dictado por el Séptimo Juzgado de la Instrucción el nueve (9) de
septiembre de dos mil diez (2010).
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