Sentencia TC-0367-15

República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
el requisito general establecido en el 53.3, es decir, si ha habido violación de
un derecho fundamental.
38. Así, resulta que, en efecto, las decisiones de primer y segundo grado,
están dentro de las decisiones jurisdiccionales que pueden ser revisadas por el
Tribunal Constitucional, siempre que tengan la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada y la hayan adquirido con posterioridad al 26 de
enero de 2010. Por tanto, en la especie, las decisiones impugnadas cumplen
con los requisitos establecidos en la parte capital del artículo 53.
39. Comprobado lo anterior, se procede entonces a analizar el planteamiento
del recurrente, esto es, que se han producido violaciones a derechos
fundamentales, lo que, como ha expuesto en su decisión el Tribunal
Constitucional, ha sido comprobado sólo respecto de la resolución dictada por
la Suprema Corte de Justicia, esto es, la resolución número 7229-2012 de
veintisiete (27) de noviembre de dos mil doce (2012).
40. Así las cosas, partiendo de los argumentos antes expuestos, el recurso
sería inadmisible respecto del auto número 395-10 dictado el nueve (9) de
septiembre de dos mil diez (2010) por el Séptimo Juzgado de la Instrucción
del Distrito Nacional, y de la resolución número 374-PS-2012 dictada el
diecisiete (17) de julio de dos mil doce (2012) por la Primera Sala de la Corte
de Apelación del Distrito Nacional. Esa inadmisibilidad se debe a que, en
efecto, respecto de las referidas decisiones, a la luz de las previsiones del
artículo 53.3 de la referida ley número 137-11, no se ha verificado la violación
a derechos fundamentales.
41. En fin, tal y como afirmamos, la no comprobación de la violación a
derechos fundamentales, en este caso, es una cuestión que determina la
admisibilidad del recurso, por lo que una vez se comprueba que no estamos
Expediente núm. TC-04-2013-0080, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por
Ivanoska Díaz Terrero contra la Resolución núm. 7229-2012, dictada por la Suprema Corte de Justicia el veintisiete (27)
de noviembre de dos mil 2012; la Resolución núm. 374-PS-2012, dictada por la Primera Sala de la Corte de Apelación del
Distrito Nacional el diecisiete (17) de julio de dos mil doce (2012); el Dictamen del Ministerio Público del siete (7) de
diciembre de dos mil once (2011) y el Auto núm. 395-10, dictado por el Séptimo Juzgado de la Instrucción el nueve (9) de
septiembre de dos mil diez (2010).
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