BUMERÁN CHÁVEZ

Ismael Andrés Barrios, también detenido, que estaba al frente
del puesto de Orope.
El tribunal del estado Lara que inicialmente se ocupó del
caso destacó con especial estupefacción que el cargamento
fuera guardado en una instalación militar. «Ese sitio no fue
otro que la propia base de protección fronteriza de Orope, en
la cual los soldados, tropa y oficiales destacados en esa
unidad militar, por una noche protegieron el vehículo cargado
de la sustancia ilícita», subrayó el juez. El propio subteniente
Barrios admitió haber ordenado a su personal de tropa que no
activase el plan de reacción o de defensa cuando llegase el
mayor López con el Chevrolet, a pesar de que ni el mayor ni el
vehículo tenían autorización para entrar en la base. Todo esto
fueron hechos que el Ministerio Público consideró probados y
que llevaron a la prisión preventiva del pez gordo de la
operación, el teniente coronel Maggino, imputado de
«transporte ilícito agravado de sustancias estupefacientes y
psicotrópicas en grado de cooperado». Todo apuntaba a una
condena, hasta que se cruzó Eladio Aponte, del Tribunal
Supremo.
Siguiendo órdenes de arriba, Aponte desactivó el
procesamiento. Decretó el avocamiento sobre el caso por
parte la instancia judicial superior; estableció que ciertos
derechos de Maggino se habían vulnerado; ordenó la anulación
de su prisión preventiva, y luego devolvió la causa a un
tribunal inferior para que empezara de nuevo. Ni que decir
tiene que los cargos contra Maggino fueron sobreseídos, en
mayo de 2007, a pesar de que la investigación determinó que
su nivel de ingresos no se correspondía con su salario. Fue
aceptada su alegación de que la noche en que se produjo la
entrega de la droga no estuvo en el área fronteriza. Su ascenso