BUMERÁN CHÁVEZ

chavistas, pues los tribunales propios se estaban ocupando del
pago ilícito de comisiones realizado por Navantia en el marco
del acuerdo de construcción para Venezuela de cuatro corbetas
y cuatro patrulleras. El pedido fue abordado por José Luis
Rodríguez Zapatero y Hugo Chávez en la primera mitad de
2005 y firmado en Caracas en noviembre de ese año con
asistencia de quien era ministro español de Defensa, José
Bono. Entre ambos momentos, la compañía controlada
completamente por la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI, antes conocida como Instituto Nacional de
Industria o INI) contrató a una empresa mediadora venezolana,
con relaciones en el estamento militar, supuestamente para
facilitar la operación.
Como indicaron documentos publicados por el periodista
Javier Chicote en ABC, Navantia aceptó entregar una comisión
de 43 millones de euros –un 3,5 por ciento del montante total
de 1.245 millones de euros del contrato de venta– a la
intermediaria Rebazve Holding Ltd. Esta repartió treinta
millones entre ciudadanos venezolanos y entregó doce
millones a dos antiguos directivos del viejo INI, del que en su
día dependían los astilleros estatales: Antonio Rodríguez
Andía y Javier Salas Collantes, que fue su presidente. En 2013
ambos habían sido imputados por tráfico de influencias y
delito fiscal, mientras que por malversación de caudales
públicos lo fueron Juan Pedro Gómez-Jaén, presidente de
Navantia en el momento del acuerdo de 2005 con Venezuela, y
su director comercial, Jesús Arce. Los dos últimos habían
autorizado el pago de comisiones tan abultadas.
El acuerdo firmado en 2005 también contemplaba la
compra a EADS-CASA de doce aviones, diez de transporte y
dos de vigilancia marítima. Sin embargo, España tuvo que