BUMERÁN CHÁVEZ

que la división de poderes, la independencia judicial, los
mecanismos de control sobre la mayoría que gobierna y el
respeto de la minoría son elementos clave. La nueva propuesta
alienta la concentración de poderes, la sumisión de la
judicatura al imperio de un poder ejecutivo sin contrapesos ni
rendición de cuentas y la imposición de la mayoría. Esto
resulta de la exaltación de un poder constituyente perpetuado,
que alarga la excepcionalidad de ese momento primario de
expresión no desvirtuada –sin condicionamientos y sin
mediadores– de la voluntad popular. Lo original aquí es que se
reviste de democracia constitucional lo que el comunismo
llamaba dictadura de clase.
Numerosos expertos en derecho constitucional han
argumentado contra ese fenómeno. En el ensayo Las
Democracias Radicales y el ‘Nuevo Constitucionalismo
Latinoamericano’ (2013), el constitucionalista chileno Javier
Couso constata que, dejadas atrás las dictaduras de las
décadas de 1970 y 1980, en Latinoamérica se sigue aceptando
hoy generalmente que la forma de acceder al poder son los
procesos electorales abiertos, no los golpes militares. Sin
embargo, desde el comienzo de siglo ha crecido una corriente
que cuestiona el consenso logrado en la década de 1990 en
torno a los estándares de la llamada democracia occidental,
que exige que los gobiernos elegidos democráticamente
conozcan límites constitucionales. Parte de la izquierda que se
había sumado al consenso institucional, a la vista de que
ofrecía garantías para la defensa de los derechos humanos y de
las minorías sociales, ahora alega que el único modo de
combatir la desigualdad ​–en realidad no pocas veces
acrecentada por sistemas democráticos que consecuentemente
caen en descrédito–, es la creación de ejecutivos fuertes, sin