BUMERÁN CHÁVEZ

constricciones de ningún tipo. Con la sumisión del principio
de legalidad (rule of law) al antojo de la nueva praxis
revolucionaria se rompe lo que, en palabras de Javier Couso,
había sido en los noventa «una suerte de reconciliación de la
izquierda latinoamericana con el Derecho».
Como trazos comunes de las nuevas constituciones de
Venezuela, Ecuador y Bolivia, Couso destaca tres. En primer
lugar, el debilitamiento de la separación de poderes,
especialmente en perjuicio de la judicatura. La falta de
independencia de esta ha impedido que haya jueces que
puedan investigar situaciones de abuso de autoridad y
corrupción; ha sido usada en ocasiones por los gobiernos
«para levantar y luego dar por acreditados cargos de
corrupción falsos dirigidos contra adversarios políticos», y ha
protegido a los gobiernos de objeciones jurisdiccionales
cuando ha recortado el ejercicio de libertad de prensa. El
segundo elemento es la «exacerbación» del poder ejecutivo,
dando a los presidentes atribuciones poco comunes en los
sistemas presidencialistas de las democracias
constitucionales. El tercero, la supuesta garantía de mayor
inmediatez entre el pueblo soberano y los órganos del Estado,
en algunos casos eliminando el bicameralismo, lo que hace
más fácil que un mismo partido controle ejecutivo y
legislativo. Estos tres rasgos se dan en un contexto de
«fetichización» del momento constituyente. Como dicen
Viciano y Martínez Dalmau en uno de sus ensayos, lo
importante «es la voluntad de permanencia de la voluntad del
constituyente, que busca ser resguardada contra el olvido o
abandono por parte de los poderes constituidos una vez que la
constitución comience un periodo de normalidad». Couso
define esto como «la obsesión de blindar la voluntad