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---SALA de
~~ Responsabilidad Patrimomial del Estado por Error Judicial TOGAS
preventiva suele emanar de sospecha que
reviste importancia procesal cuando constituye
"indicios razonables"; y que en atención a
esta situación simple pero diáfana y contundente
puede acordarse por el juez imputación
o procesamiento, y en casos previstos y legales
cautelas, la PRISIÓN PREVENTIVA.
Después, en múltiples casos, pueden ser
absueltos (incluso, dibujándose en el fondo la
posibilidad de haberse cometido un delito) porque
no haya pruebas plenas y convincentes
para la condena.
El principio "in dubio pro reo" aconseja,
desde luego, la absolución. Pero esta sentencia
absolutoria, siguen argumentando los rigurosos
oponentes a la compensación indemnizatoria
por prisión preventiva, en modo alguno
justifica siempre la existencia de error del juez,
que quizá por una investigación policial previa
y poco más, había decretado la tan mentada
prisión preventiva.
Así entendido el artículo 294 de la L.O.P.J. no
autoriza que la prisión preventiva con absolución
posterior, sin más, faculte al enjuiciado a exigir
exija al estado reclamar indemnización. (2)
Hay quien distingue, además, la INEXIS­
TENCIA OBJETIVA de los hechos imputados
de la inexistencia SUBJETIVA de los mismos.
REQUISITADO FORMAL PARA QUE EL
ERROR JUDICIAL GENERE
INDEMNIZACIÓN ESTATAL
Más aún, enumerando y desarrollando los
componentes sine qua non, la indemnización
por error judicial es improsperable, se mantiene
como interpretación incuestionable que la
indemnización por error judicial ha de ser decidida
y resuelta por el Tribunal Supremo, y
ello tras seguir las actuaciones procesales
propias: a) de un recurso de revisión interpuesto;
o, b) de un procedimiento alternativo a
que se refiere el artículo 293 de la precitada
L.O.P.J.
ASPECTO PROCESAL
La declaración jurisdiccional no es un trámite
a cumplir en el procedimiento administrativo
de responsabilidad patrimoniail del Estado.
Tampoco es un incidente.
Menos aún es una cuestión prejudicial.
Es propiamente, y así lo avalan dictámenes
del Consejo de Estado, un primer elemento
indispensable para la posible apreciación del
hecho que enlaza con la consecuencia indemnizatoria.
Puede pues considerarse dicha "declaración
jurisdiccional" como un presupuesto material
y como un requisito procedimental.
(1) Modernamente y ante situaciones específicas de la sociedad española, el Estado ha querido asumir
su responsabilidad patrimonial indemnizatoria en la Ley 35/1995 de 11 de Diciembre, de Ayuda y Asistencia
a las Víctimas de Delitos violentos y contra la libertad sexual; con el Reglamento aprobado por R.O.
738/97 de 23 Mayo y la Ley 32/1999 de 8 Octubre de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, con
Reglamento aprobado por R.O. 1912/1999 de 17 Diciembre. Y otras complementarias como el Reglamento
de Ayudas y Resarcimientos y la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguros en la Circulación y Vehículos
de motor; esta última rigiendo con cierta antigüedad, aprobada por Decreto de 21 Mayo 1968 ..
(2) El Consejo de Estado emite dictamen n° 2778/2002 de 17 Octubre, donde mantiene que "la absolución
por insuficiencia de prueba no equivale a la absolución por inexistencia del hecho" y termina "desestimando
la reclamación de indemnización formulada por el D.S.M."
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