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cia innecesarios por parte de los beneficiarios
del seguro de defensa jurídica, haya que
ponerse coto a las mismas, pero la limitación
debe realizarse, a nuestro juicio, a través de la
comprobación de si existe el supuesto de
hecho que da lugar a la cobertura, en definitiva
ante una reclamación manifiestamente
temeraria del asegurado la compañía no
deberá hacerse cargo del pago de los profesionales
intervinientes por no haberse producido
el supuesto contemplado por el contrato
de seguro, por no haberse producido el siniestro,
por no ser necesaria la defensa, en definitiva
.
A pesar de ello y de la opinión mayoritaria
que exige la oportunidad de la reclamación, la
Sentencia de la sección 2a de la Audiencia
provincial de Castellón de 22 de mayo de
1999(FJ 4°) niega que la viabilidad de la pretensión
pueda ser causa para liberar al asegurador
de su prestación, señalando que " ninguna
importancia puede tener para la efectividad
de la posibilidad reclamatoria concertada
en la póliza, el que la pretensión del señor M.
En el juicio de faltas fuere fundada o infundada
.Tal evaluación no puede afectar nunca a la
prestación de la aseguradora, y menos cuando
ésta se realiza de forma unilateral a través
de una calificación que precisamente le viene
a eximir de sus obligaciones contractuales,
que supondría dejar el cumplimiento y la interpretación
de los contratos al arbitrio de la aseguradora,
en contra de las disposiciones básicas
en materia de contratación, como es la
establecida en el artículo 1256 del Código
Civil".
En cuanto a la concurrencia de conflicto de
intereses o desavenencias, y sin entrar por
razones de espacio a considerar qué supuestos
puedan producirlos, creemos que la ley no
establece la existencia de los mismos como
condición para la libre elección de abogado, a
diferencia de lo que ocurre con la defensa jurídica
normada en el artículo 7 4 LCS en sede de
seguro de responsabilidad civil. El recurso a la
interpretación sistemática que realizan las
Audiencias, y entre ellas la nuestra, no puede
prevalecer sobre el texto del artículo 76 d) que
establece taxativamente que "El asegurado
tendrá derecho a elegir libremente el procurador
y abogado que hayan de representarle y
defenderle en cualquier clase de procedimiento",
derecho que no viene condicionado en
forma alguna, sin que a ello sea óbice el contenido
del segundo párrafo del mismo artículo
cuando señala que " El asegurado tendrá asimismo
derecho a libre elección de abogado y
procurador en los casos en que se presente
conflicto de intereses entre las partes del contrato",
pues la ley en realidad lo que está contemplando
adicionalmente es la realidad social
en que en la mayor parte de los casos la aseguradora
pone profesionales a disposición de
los asegurados y es en los supuestos de conflicto
o desavenencias cuando la aseguradora
debe informar inmediatamente al asegurado de
su derecho a elegir libremente a sus profesionales
o someter la cuestión a arbitraje (artículo
76 f) .
Si bien es cierto, como señalan las sentencias
que hemos citado anteriormente que el
artículo 76 a) establece que por medio del
seguro de defensa jurídica la aseguradora se
obliga con el asegurado " a prestarle los servicios
de asistencia jurídica y extrajudicial derivados
de la cobertura del seguro" consideramos
que ello no significa la subordinación del
derecho a elegir libremente los profesionales al
conflicto de intereses, pues, del texto de la ley
no se deduce que la prestación deba realizarla
directamente la aseguradora, ya que la prestación
se realiza del mismo modo a través de la
libre elección de abogado y procurador que
haciéndose cargo la compañía del pago de los
e