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~~ Tratamiento Jurisprudencia! del Principio de Legalidad TOGAS
seguridad, que asimismo deberán estar regulados
por la Ley. La garantía penal ("nulla poena
sine lege") se proclama en el artículo 2, apartado
1°: "No será castigado ningún delito ni
falta con pena que no se halle prevista por Ley
anterior a su perpetración. Carecerán, igualmente,
de efecto retroactivo las Leyes que
establezcan medidas de seguridad". A esta vertiente
del principio de legalidad: la garantía
penal, dedicaremos una amplia exposición en
el siguiente apartado.
En cuanto al principio de jurisdiccionalidad o
garantía jurisdiccional, siguiendo al profesor
Juan Muñoz Sánchez, implica que "la imposición
de las penas únicamente puede hacerse
por el órgano judicial competente, lo que supone
una faceta de soberanía exclusiva del Estado
en cuanto titular del ius puniendi". Se residencia
en el apartado 1 o del artículo 3 del Código
Penal, a saber: "No podrá ejecutarse pena
ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia
firme dictada por el Juez o Tribunal competente,
de acuerdo con las leyes procesales".
Por último, la garantía de ejecución, derivada
asimismo del principio de legalidad, se
prevé en el apartado 2° del artículo 3: "Tampoco
podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad
en otra forma que la prescrita por la Ley y
reglamentos que la desarrollan, ni con otras circunstancias
o accidentes que los expresados
en su texto. La ejecución de la pena o de la
medida de seguridad se realizará bajo el control
de los Jueces y Tribunales competentes".
El principio de legalidad
Respecto a la garantía penal, connatural al
principio de legalidad, la Sentencia de la Sala
2a del Tribunal Supremo, de 5 de diciembre de
2000, Pte: Excmo. Sr. Puerta Luis, define con
gran acierto el principio de legalidad: "A) Esta
Sala 11 tiene reiteradamente afirmado que el
principio de legalidad, ínsito en el art. 25.1 CE,
implica al menos la existencia de una ley -"lex
scripta"-, que sea anterior -"lex previa"- y que
describa un supuesto de hecho determinado -
"lex certa"-. Todo ello significa el rechazo de la
analogía como fuente creadora de delitos y
penas, e impide, como límite a la actividad judicial
, que el juez se convierta en legislador (STS
de 14 de Diciembre de 1995)".
La Sentencia del Tribunal Supremo de
27 de diciembre de 1990 define también el
principio de legalidad, al establecer que "el
principio de legalidad significa, en síntesis, que
la única fuente creadora de los delitos y penas
y por consiguiente de las causas de agravación
y de las llamadas medidas de seguridad es la
Ley, fuera de la cual no hay, en este sentido,
otras fuentes del Derecho: ni costumbre, ni
principios generales, ni jurisprudencia en contra
del reo. En definitiva, con él triunfa la seguridad
jurídica que es parte inseparable de la
justicia".
Consultando la casuística derivada de la
apreciación de este principio en la jurisprudencia
penal, también la Sentencia del TS 2a, de 4
de diciembre de 2001, Pte: Excmo. Sr. Ramos
Gancedo, asimilando en esta oportunidad legalidad
a tipicidad, asienta: "alega el cuarto motivo
infracción del art. 25.1 C.E. que consagra el
principio de legalidad penal, invocando al respecto
el art. 1 C.P. de 1.973 y art. 1 C.P. de
1.995 y ambos en relación con los artículos
442 del vigente Código y 368 del Código derogado.
Sostiene el recurrente que el principio de
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