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m------SALA de
~~ Tratamiento Jurisprudencia! del Principio de Legalidad TOGAS
y también las circunstancias de todo tipo
concurrentes (SS 21 Mayo 1993 y 12 Jun.
1998). No obstante, la determinación de la
pena dentro del máximo y el mínimo, ha de
hacerse orientando la discrecionalidad del
juzgador que deberá tener en cuenta los
datos, elementos y circunstancias expresadas
en el precepto, es decir, ponderadamente
acorde con la proporcionalidad que debe
existir entre las características de la infracción
y de su autor y el oportuno castigo
correspondiente (SS 28 Jun. 1995 y 1 O Dic.
1997)".
En el mismo sentido, conjugando el principio
de legalidad con los principios de proporcionalidad
-referencia este ineludible en el uso del
arbitrio y discrecionalidad judicial- y de tipicidad,
la Sentencia TS 2a, de 11 de octubre de
2000, Pte: Excmo. Sr. Martínez Arrieta, parafrasea
casi literalmente el párrafo recién trans­
crito.-
Constituyen otras perspectivas jurisprudenciales
de interés en relación al principio de
legalidad desde un punto de vista más amplio,
no referido exclusivamente a las penas, las
adoptadas por la Sentencia TS 2a, de 15-10-
1999, núm. 2/1999, Pte: Excmo. Sr. García
Ancos: "Sin perjuicio de ello el principio de
legalidad sólo se infringe cuando la solución
jurídica adoptada perjudica, pero en ningún
caso si beneficia", y la Sentencia TS 2a, S 11-
05-1994, Pte: Bacigalupo Zapater: "De todos
modos, aunque sólo sea a mayor abundamiento,
se debe recordar que el principio de legalidad
(art. 25.1 de la CE) no garantiza la irretroactividad
de la jurisprudencia, sino la de las
leyes".-
EL PRINCIPIO DE
"LEGALIDAD ORGÁNICA"
En cuanto al rango, orgánico u ordinario, de
la reserva de Ley para establecer las penas y
las medidas de seguridad, se ha suscitado una
importante controversia al respecto, habiéndose
definido progresivamente el criterio del Tribunal
Constitucional en sucesivas sentencias,
de las que a continuación examinamos las más
destacables.
El Pleno del Tribunal Constitucional, en Sentencia
de 23-02-1984, núm. 25/1984, Pte:
Excmo. Sr. Truyol Serra, define una de las versiones
mayoritarias: "Y la cuestión estriba en si
del art. 25.1 en conexión con el 81.1 cabe
deducir una reserva de Ley Orgánica en materia
sancionadora.
( ... ). La "legislación" en materia penal o
punitiva se traduce en la "reserva absoluta" de
Ley. Ahora bien, que esta reserva de Ley en
materia penal implique reserva de la Ley Orgánica,
es algo que no puede deducirse sin más
de la conexión del art. 81 . 1 con el mencionado
art. 25.1. El desarrollo al que se refiere el art.
81 .1 y que requiere Ley Orgánica tendrá lugar
cuando sean objeto de las correspondientes
normas sancionadoras los "derechos fundamentales,
( ... )".-
El profesor Juan Muñoz Sánchez se adhiere
a esta posición del Tribunal Constitucional,
entendiendo que se requiere Ley Orgánica sólo
cuando el bien jurídico protegido por el tipo
penal o la sanción que se imponga en su virtud
afecten a un derecho fundamental. Se trata de
una posición intermedia -considerada en relación
a las mantenidas por el resto de la doctrina-,
que estima exigible el carácter de Ley
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