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____ L_a_E-xi-ste_n_cia_d_e_A-nt_e_ce_d_e-nt_e_s
R-o-l ic-ia-le_s ____ S A LA de TOGAS
que han conculcado garantías y derechos
absolutamente consolidados y sin margen de
discusión en los Estados que se llaman de
Derecho y que vulneran cualquier Convención
o Tratado Internacional relativo a los derechos
humanos y nuestra incardinación en la órbita
de países, que han optado desde hace algún
tiempo a no rebasar el umbral de las elementales
garantías jurídicas que pertenecen a los
seres humanos por el mero hecho de ser
humanos.
Me refiero para que sirva de ilustración a la
denegación en la concesión de los permisos
de residencia y trabajo, por la mera existencia
de un antecedente policial o incluso la reseña
en la bases de datos de la policía o bien de
otros Cuerpos de Seguridad del Estado.
Cuando utilizó el término "mera reseña", no
incurrió en ninguna exageración de carácter
demagógico, puesto que se ha presentado el
caso que por una denuncia de desaparición,
ha quedado paralizado el expediente administrativo,
a pesar de constar en el mismo un
acta matrimonial española de fecha posterior
a la denuncia, y en cualquier caso habría que
preguntarse, que tipo de ilícito penal o que
clase de infracción administrativa comporta la,
desaparición de una persona para que la
misma se convierte en causa impeditiva de la
concesión o tramitación de un permiso de
residencia, la respuesta que obtenemos es
que; "aparecen problemas en el ordenador de
la policía".
Por seguir acudiendo a la casuística, se
han dado situaciones, en las cuales los Juzgados
de Instrucción han archivado las actuaciones
penales por no existir un indicio de criminalidad,
por no aparecer un autor conocido
o cualquier otro motivo que permite nuestro
ordenamiento, sin que por ello la oficina de
extranjeros rectificará su actitud manteniendo
esa respuesta lacónica.
El asunto así considerado no da para
mayores comentarios a la luz de los principios
generales de nuestro derecho, pero como
quiera que la indeterminación del concepto de
seguridad pública, permite el ejercicio de cierta
dialéctica, viene al caso suscribir las
siguientes puntualizaciones:
En primer lugar la apertura de unas actuaciones
policiales que han terminado en la
incoación de unas diligencias previas en el
Juzgado competente, quedan supeditadas
como no puede ser de otra forma a las resoluciones
que a este respecto adopte el Juzgado
Instructor, de tal forma que si la decisión
es el archivo o el sobreseimiento en su
caso y gozan de firmeza, nadie puede esperar
en su sano juicio que se mantenga algunas
consecuencias jurídicas o que despliegue
eficacia de cualquier índole, pues esta
expectativa contravendría el valor de las
resoluciones judiciales, en cuanto su obligado
cumplimiento ( Art. 118 de la Constitución
Española ) y quebrantaría el ámbito jurisdiccional
por su propia base, además de poder
sopesar si no se está incurriendo en la dinámica
comisiva propia de el delito de prevaricación.
En cualquier caso se está incurriendo en
un acto de naturaleza discriminatoria, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 23. 2° de
la Ley 4/2000, pues por el mero hecho de ser
extranjero se hace una exigencia más gravosa
que a los españoles implicando una resistencia
injustificada para el acceso a un bien o
a un derecho.
En segundo lugar los conceptos jurídicos
abstractos o carentes de perfiles precisos,
encuentra su demarcación y fronteras en el
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