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Expuesto lo anterior, vamos a analizar
sintéticamente las principales novedades
introducidas por la Ley, ya que la sentencia
ha anulado trece preceptos del Reglamento
de la Ley de Extranjería. En concreto se han
anulado los siguientes preceptos:
1.-lndocumentados: Anulación del artículo
38 de Reglamento
Según la L. O. 4/2000 modificada por L. O.
8/2000, los indocumentados son bien los
apátridas, bien los adultos que extravían su
documentación, y acrediten fehacientemente
que no pueden obtenerla.
En tal caso, puede presentarse en la
Comisaría de Policía o a las Oficinas de
Extranjería, para solicitar la documentación,
y provisionalmente se le puede conceder
autorización para residir en España por
plazo de tres meses, que era el tiempo que
el Ministerio del Interior tardaba en recabar
todos los antecedentes, y mientras tanto se
puede acordar medidas de restricción de
libre circulación, es decir se podía incluso
acordar el ingreso en centros de internamiento,
bien hasta la concesión definitiva de
la cédula personal de identificación, bien
hasta su denegación.
Este precepto ha sido anulado por la STS
de 20 de marzo de 2003, por vulnerar el
derecho fundamental de circulación, ya que
esta medida cautelar tan sólo sería aplicable
en casos de estados de excepción y de
sitio, y por motivos de seguridad pública;
por lo que el Gobierno no puede limitar la
libre circulación de los indocumentados.
2.- De nuevo indocumentados:
Anulación del artículo 56.8 del
Reglamento
El Reglamento hacía pender la concesión
de la cédula personal para indocumentados
de un modo genenco si el
extranjero tenía prohibición de entrada o
expediente de expulsión, no sólo en nuestro
país sino en los paises del Acuerdo Schengen.
Ahora el Tribunal Supremo anula dicha
referencia que global del Reglamento a la
no concesión por la Subdelegación del
Gobierno de la cédula de inscripción "salvo
si el extranjero estuviese incurso en alguno
de los supuestos de prohibición de entrada
o de expulsión", porque dicha denegación
sólo puede permanecer vigente mientras
en quienes haya sido expulsados, mientras
dure la prohibición de entrada, o a los que la
tengan prohibida por otra causa legalmente
establecida.
Fuera de dichos casos, una vez expirada
tanto la prohibición de entrada como la
expulsión, el Gobierno no puede negarse a
documentar con cédula personal a un
extranjero en situación irregular, ya que el
Ministerio del Interior puede autorizar la
estancia en territorio español por periodo
de tres a seis meses por razones humanitarias,
en virtud del artículo 38 de la LO.
4/2000.
3.- Reagrupación en cadena: Anulación
del artículo 41.4 del Reglamento
Es quizás la innovación más importante
de la Sentencia, ya que el Reglamento de
Extranjería hacía anteriormente pender la
eficacia y duración de los familiares reagrupados,
de la vigencia y validez del familiar
reagrupante. De modo que si éste era
expulsado, o no podía renovar su tarjeta, o
de cualquier otro modo ésta perdía su
vigencia (por ejemplo en caso de fallecí-
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