SDT51 ok

Cuestiones rocesales
estos procedimientos, como
Tome Paule y Prieto Castro 15,
Calvo Sánchez y aquellos que
consideran que actúa como
mero informante como Guasp,
De la Cámara, opinión que
comparto"
La jurisprudencia, por el
contrario, parece tener clara la
postura de mero dictaminador
del Ministerio Fiscal. Así lo ha
mantenido, entre muchas otras,
las STS de 3-3-8816, 21-5-88,
21-12-89,17-3-93, esta última
establece que "( .. ) el Ministerio
Fiscal nunca es parte en estos
casos concretos de tener el
menor madre que lo represente
y toda la legislación civil
sustantiva y orgánica no prevé
su intervención en estos litigios
sino como representante y
defensor de la ley y al solo
objeto de ser oído en
audiencia ... " Según algunos
autores, al actuara como
informante no puede proponer
prueba, en los casos en que
actúe como parte, o si
consideramos que esta es la
naturaleza de su intervención
en general, no hay duda de que
puede solicitar la práctica de la
prueba. En el caso de
considerarlo como mero
informante que es la postura
más acorde con nuestra
regulación sustantiva y
procesal17, carente de normas
concretas y específicas que
permitan otra naturaleza de la
intervención pública como de
"lege ferenda" ha sido
propuesto por un sector
doctrinal.
Hay que indicar que en la
práctica la actuación del
Ministerio Fiscal suele ser
fundamentalmente pasiva,
limitándose a la emisión de
escuetos y estereotipados
informes en muy escasos
trámites procesales, sin que ello
implique crítica alguna a los
Fiscales que los suscriben ni a
los Jueces y Magistrados que
los aceptan, pues como antes
se ha expuesto, carece nuestro
Ordenamiento Jurídico de un
precepto que imponga al
Ministerio Fiscal la obligación
de representar en esta clase de
pleitos un papel más activo y
acorde con el espíritu que, cabe
racionalmente inferir, que
informa el mandato contenido
en el artículo 124-1 de la
Constitución, cuya detenida
lectura parece reclamar del
Ministerio Fiscal, en las
materias que integran las
funciones que se le
encomiendan, un papel, no sólo
de policía-vigilante y defensor
de la legalidad, sino también de
policía-detective y promotor,
incluso de oficio, de la acción
de la Justicia en defensa del
15 PRIETO CASTRO Y FERRANDIZ, L .. Derecho de Tribunales; Edit. Aranzadi, 1986, Pág. 474 parece sumamente adecuada
a tal efecto la institución del Ministerio Fiscal, que, actuando en representación del Estado (no necesariamente de su
Administración), y con la legalidad y la imparcialidad como principios inspiradores de su intervención, constituye el
enlace idóneo para llevar hasta los Tribunales de Justicia las aspiraciones y problemas que se le presentan al Gobierno
del Estado, "pero de manera tal que las indicaciones y advertencias gubernativas experimentan una reelaboración
jurídica, apareciendo, en definitiva, trasladadas por un órgano que, a pesar de hallarse hasta cierto punto en un plano de
dependencia respecto del Gobierno, procede con criterios jurídicos propios, de legalidad, no político-administrativos, y se
mueve con la permanente idea del respeto a un estatuto de independencia y de impar calidad de los Tribunales que él
mismo es el primero en sentir y defender".
16 STS de 3-3-88, Realiza un exhaustivo estudio de la postura del Fiscal en estos procedimientos con un interesante recorrido
histórico al respecto. Basa la consideración del Fiscal como " simple informante, dictaminador y garante del interés
público, pero no la de una verdadera parte procesal con los mismos deberes y cargas que afectan a éstas", en el hecho
" de su desvinculación del derecho material y no afectarle la relación jurídica privada que en el proceso de debate "
añadiendo que los artículos 3-6 del Estatuto del Ministerio Fiscal y el 50 de la Ley del Registro Civil" sólo exige audiencia
del Ministerio Fiscal para extender el asiento contradictorio en el estado de Filiación".
17 FÁBREGA RUIZ C. F. : " Las pruebas biológicas de paternidad Aspectos científicos y jurídicos de las mismas "Anuario de
derecho Civil. Tomo Ll , Fascículo 11 Abril- Junio 1998 Pág. 665 FÁBREGA RUIZ, C. F.: " Las pruebas biológicas de
paternidad y los Tribunales de Justicia " Revista General del Derechos Mayo de 1996 Pág 5063.
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