SDT51 ok

La mediación familiar como alternativa ...
ocho países, incluido el nuestro,
ha establecido como estándar
mínimo en mediación familiar el
de 180 horas de formación
teórica y práctica, en los que se
incluyen nociones jurídicas
(sobre todo de Derecho de
familia), conocimientos fiscales
básicos (elaboración de
presupuestos), técnicas de
entrevista (comunicación verbal
y no verbal), empatía
(capacidad emotiva y afectiva),
psicología básica (aspectos de
la personalidad), creatividad
(imaginación para sugerir ideas
y dirección de la comunicación).
En las Comunidades
Autónomas con legislación
propia, nos encontramos con
diferencias significativas: Ley
gallega regula con gran
parquedad la figura del
mediador, limitándose a exigir
que esté inscrito en el registro
de mediadores y, acto seguido,
señala que "a estos efectos,
dichas personas deberán
reunir los requisitos de
experiencia profesional y
formación específica que se
establezcan
reg lamentariamente, pero en
todo caso serán expertos en
actuaciones psico-socialesfamiliares"
(art. 5). La Ley
catalana es más explícita al
afirmar que "el mediador debe
ser una persona que ejerza de
abogado, de psicólogo, de
trabajador social, de educador
social o de pedagogo y que
esté colegiada en el colegio
profesional respectivo. La
condición de mediador ha de
ser declarada de acuerdo con
la experiencia profesional y la
formación específica que se
establezca por reglamento"
(art. 7). Por otra parte, el art.
''De todo lo expuesto, y a modo de
conclusión, afirmarnos que es necesaria
una ley de mediación familiar de ámbito
estatal que dote de uniformidad esta
importante actividad, donde se
contetnplen los contenidos esenciales:
ámbito objetivo y subjetivo de
aplicación''
23 también exige que los
mediadores "deben inscribirse
en el registro del Colegio
profesional al cual
pertenecen".La Ley va lenciana
regula con gran detalle esta
cuestión en su art. 7,
señalando que el mediador
deberá tener "formación
universitaria en las disciplinas
de Derecho, Psicología o
Trabajo social, Educación
social, o Graduado social".
Además, deberá acreditar, para
poder inscribirse en el Registro
de personas mediadoras
familiares, "el aprovechamiento
de una formación universitaria
específica de postgrado en los
distintos niveles de experto,
especialista o master".
Contempla, incluso, la
posibilidad de que otros
lice nciados universitarios
superiores puedan ejercer la
mediación si acreditan "el
aprovechamiento de una
formación universitaria
específica de postgrado,
mínima especialista".
Finalmente, la Ley canaria se
muestra más restrictiva, al
exigir que tengan
obligatoriamente "formación
universitaria en las carreras
de Derecho, Psicología o
Trabajo social". Es más, se
añade que "en el caso de los
mediadores que carezcan de
titulación de Derecho, deberán
contar en el ejercicio de sus
funciones con el debido
asesoramiento legal" (art. 5).
De todo lo expuesto, y a modo
de conclusión, afirmamos que
es necesaria una ley de
mediación familiar de ámbito
estatal que dote de uniformidad
esta importante actividad,
donde se contemplen los
contenidos esenciales: ámbito
objetivo y subjetivo de
aplicación, estatuto profesional,
título de acceso al desempeño
de la función, derechos y
deberes, contenido del contrato
y régimen disciplinario o
responsabilidad .
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L. .J