SDT51 ok

Gru o abo ados
Que el trabajador se
encuentre empadronado en un
municipio español con al menos
6 meses de antelación a la
entrada en vigor del
Reglamento y se encuentre en
España en el momento de
realizar la solicitud.
Este primer requisito, sin el cual
y a tenor del contenido literal
del Reglamento, parece de
naturaleza imprescindible para
la concesión del permiso de
residencia y trabajo, debe ser
objeto de un amplio comentario,
así como la formulación de
varias preguntas, que su mero
enunciado deja sin respuestas
convincentes.
Si bien aceptamos que el
empadronamiento en cualquier
municipio español, constituye el
paradigma de la vecindad, y por
consecuencia de la residencia
en el municipio (según se
contempla en el artículo 16 y
siguientes de la Ley de Bases
de Régimen Local, Ley 7/1985
de 2 de Abril , BOE n°80 de 3 de
abril, y Real Decreto
1690/1986, de 11 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento
de Población y Demarcación de
las Entidades Locales) parece
adecuado que el futuro
reglamento acuda al Padrón
Municipal como instrumento
verificador de carácter público y
que facilita información relativa
a la residencia. Hasta aquí
resulta loable la prioridad del
empadronamiento como prueba
incontrovertida de la estanciapermanencia,
si se quiere, en
una determinada localidad
española.
Otra cosa bien distinta es
conferir al empadronamiento
una cualidad absoluta y
excluyente hasta tal extremo
que se atisba una pos1c1on
llamada a prescindir de otros
acervos de naturaleza
probatoria que resultará cuando
menos tan cualificados o más,
que una inscripción en el
Padrón Municipal.
Si se me permite, la digresión
por decirlo de otra forma y
acudiendo a varios ejemplos
ilustrativos,
Si al Sr. X, que acudió en su
momento a la Notaría,
otorgando un poder para
pleitos, su presencia ante el
fedatario público, es un
requisito para la confección de
dicho poder y comporta por
definición una prueba de
permanencia en España, de
mayor entidad que la del
empadronamiento, porque el
notario se ha asegurado de su
identidad a la hora de firmar,
cosa que no siempre ocurre, a
la hora de empadronarse,
debido a la dinámica
administrativa que se sigue en
cualquier municipio para
inscribir en el Padrón a alguien.
Si la Policía Nacional incoa un
expediente de expulsión al
residente ilegal, en Enero del
año 2004, es obvio que se
efectúa dicha incoación por una
estancia en nuestro país, que
después ha podido archivarse.
Cabría preguntarse porque este
proceso de expulsión no
concluido es despreciado como
prueba de residencia.
De forma muy probable se le ha
conferido al certificado de
empadronamiento, una cualidad
de la que carece, que es una
prolongación continuada
permanente, de la estancia en
un sitio o lugar, ya que nada
nos impediría empadronarnos
hoy en el Excmo. Ayuntamiento
,... ,
53
L. ...
de Almería y coger un avión
mañana hasta París.
Por lo que no se comprende el
silencio que el ejecutivo,
mantiene en cuanto a un
catálogo más extenso de
acreditación de la residencia sin
olvidar que ha existido una
predisposición negativa en
algunos municipios españoles a
efectuar empadronamientos de
" residentes no legales", y en
ocasiones de los legales, por
carecer un techo o algo que se
asemeje a la vivienda.
Es de esperar que esta
deficiencia sea subsanada por
vía de instrucciones o
normativa interna, destinadas a
las administraciones implicadas,
puesto que sostenerla sin
enmendarla, además de
comportar un error, supone la
vulneración de unos de los
pilares y principios de nuestro
derecho, que en cualquiera de
sus ámbitos jurisdiccionales ha
tomado la amplitud de los
medios probatorios como un eje
vertebrador sobre lo que se
edifican los estados de
derecho.
También la exigencia de
empadronamiento puede
suponer una discriminación, en
un doble sentido; para aquellos
que tengan a su disposición un
cúmulo de pruebas suficiente y
que permitan determinar una
residencia en nuestro país
prolongada, desde hace dos o
más años. En último lugar para
quienes hayan encontrado
según qué municipios
obstáculos insalvables para su
inscripción en el Padrón
Municipal.
Del apartado a) del artículo 1 o
Disposición Transitoria Tercera,
se deduce la obligación del