SDT51 ok

interés público y social18,
Llegados a este punto 19,
cabría preguntarse si, a la luz
de lo dispuesto en los artículos
124.1 de la Constitución y 1 del
Estatuto Orgánico, no sería
necesario imponer la necesaria
y activa intervención del
Ministerio Fiscal en aquellos
procesos en los que, en
definitiva, se investigan los
vínculos biológicos de filiación y
ello desde el primer momento,
con legitimación propia, no
derivada, y con plenas
facultades en todos los trámites
del procedimiento, equiparadas
a las del resto de las partes, si
no se quiere que su actuación,
como ocurre en la actualidad,
se difumine en una pasiva
vigilancia del cumplimiento de
un cierto número de normas
generales imperativas, función
que, en todo caso, puede y
debe ser suplida por los propios
órganos jurisdiccionales, en
vi rtud del principio "iura novit
curia" y del resto de los que
integran el artículo 1 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial20.
En mi opinión y con
independencia del carácter que
se le atribuya a la intervención
del Ministerio Fiscal, y en el
caso concreto que estudiamos
en este apartado, el Ministerio
Fiscal podrá solicitar la práctica
de las pruebas biológicas,
aunque si bien es cierto que el
Ministerio Fiscal debe
mantenerse al margen de los
intereses privados, también lo
es que debe velar por la pureza
del procedimiento, que en éste
no se cause indefensión a
ninguna de las partes,
especialmente si se trata del
caso de un menor, y esta
indefensión se produciría,
cuando por el motivo que fuere,
mala fe o negligencia de las
partes o por motivos
económicos (teniendo en cuenta
el coste de este tipo de
pruebas) no se propusiere la
práctica de la prueba biológica
cuando ésta es el único medio
de obtener la verdad. El
problema que se plantea en
este punto es que, propuesta y
admitida la prueba biológica por
el Ministerio Fiscal o por el
propio Juez según la facultad
que le atribuye el artículo 339.5
LEC o en su caso, a través del
art. 429.1 quién soportaría el
coste de las mismas, habida
cuenta de que las mismas y
dado el alto grado de
especialización que se requiere
para la real ización de esta
prueba, el perito no puede ser
una persona individual, sino un
equipo. La STC de 17-1-94
exige que la extracción de
sangre, para la práctica de la
prueba, se realice en un hospital
público por personal sanitario y
que el coste de las mismas
Así también considero que
teniendo en cuenta la
importancia de los derechos
debatidos en los procesos de
18 En Italia se distingue también entre el "Ministerio Público agente" y el "Ministerio publico interviniente o concludente", pero,
a diferencia de lo que ocurre en el Derecho español, el Código civil italiano (artículos 69 a 72) delimita con bastante
claridad los supuestos en que el Ministerio Fiscal actúa como parte plena y aquellos otros en que puede "aportar
documentos, proponer pruebas y formular pedimentos dentro de los límites establecidos por las partes en los suyos .. . ",
incluyendo los procesos sobre el estado civil entre estos últimos. Citado por IBÁÑEZ DE ALDECOA LORENTE R. " la
Intervención del Ministerio Fiscal en los procesos civiles de declaración- reclamación de la filiación". Escuela Judicial
Centro de Documentación Judicial" Cuadernos y estudios de derecho judicial " Editado en CD edición 2000.
19 Y sin olvidar el respeto que merecen quienes propugnan desde la restricción hasta la eliminación de competencias del
Ministerio Fiscal en los asuntos civiles, desde posiciones que esgrimen argumentos de toda índole (jurídicos, políticos,
administrativos, o de simple naturaleza orgánica o funcional), pero que exigirían, para verse refrendados, bien una
profunda reforma orgánica y procesal de nuestras leyes, que delimitara con claridad y con carácter restrictivo los
supuestos y el alcance de la intervención del Ministerio Público, bien una auténtica reforma constitucional. IBÁÑEZ DE
ALDECOA LORENTE R.: " la Intervención del Ministerio Fiscal en los procesos civiles de declaración- reclamación de la
filiación". Escuela Judicial Centro de Documentación Judicial" Cuadernos y estudios de derecho judicial " Editado en CD
edición 2000
20 Independencia, inamovilidad, responsabilidad, constitucionalidad y legalidad.
,... .,
16
L. .J