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Gru o abo ados
Como ha manifestado de forma
unánime la doctrina, los referidos
medios supletorios no originan
desplazamientos patrimoniales,
es decir, dichos medios
supletorios no constituyen en sí
actos traslativos de propiedad,
toda vez que lo que pretenden
es que se dé refrendo registra! a
una situación de hecho que
consta acreditada en la realidad
extraregistral. En este sentido la
Sentencia de la Audiencia
Nacional de fecha 21 de
septiembre del año 2000,
aclarando el porqué de la
sujeción a gravamen de las
manidas actas o expedientes, ha
dispuesto que, en estos casos:
" ... el legislador no se limita a
describir de forma genérica el
hecho imponible del impuesto,
sino que realiza una concreción
del mismo atribuyendo, a /os
efectos de liquidación y pago
del impuesto, la condición de
transmisiones patrimoniales a
determinados actos u
operaciones que, por esta
previsión legal, adquieren tal
naturaleza a dichos efectos
tributarios, lo que significa que
la valoración de tales actos u
operaciones viene impuesta por
el legislador y no se deja a la
iniciativa o arbitrio de la
interpretación que puedan
efectuar /os interesados, la
administración o /os órganos
jurisdiccionales, de manera que
/os mismos tienen tal condición
por disposición legal al margen
del alcance concreto o
efectividad que puedan tener
como medio de transmisión de
bienes o derechos."
Centrándonos en el supuesto
de que los medios supletorios
indicados tengan por objeto la
inscripción de un exceso de
cabida, hay que indicar que
tradicionalmente la doctrina
administrativa se ha venido
manifestado de forma diversa y
contradictoria en relación a si
los expedientes o actas que
tengan por finalidad la
inscripción de un exceso de
cabida quedan sujetos o no al
Impuesto, en base a lo
dispuesto en el artículo 7.2 TR.
Así el TEAC en su ya caduca
resolución de fecha 4 de
diciembre de 1956, se decanta
por declarar la sujeción de esta
operación, y por el contrario, en
la de fecha 6 de junio de 1958,
torna su opinión y afirma lo
contrario.
En tiempos más cercanos, la
Dirección General de Tributos
(DGT). en su resolución de
fecha de 14 de marzo del año
2003 (que parafrasea la
contestación a la consulta de
fecha 28 de abril de 1995) al
someter a estudio la tributación
de un acta notarial de
constatación de exceso de
cabida de un inmueble,
realizada de acuerdo con una
certificación catastral que se
adjuntó a dicha acta, ha
manifestado:
Primero.- Respecto a la
su jeción de la misma a la
modalidad de TPO del ITPAJD:
1.- Supuestos en los que el
exceso de cabida no se sujeta
a este concepto del ITPAJD- La
constatación de un exceso de
cabida, en base a los datos
catastrales, de una finca ya
inscrita con unos linderos
delimitados, no implica la
adquisición de una mayor
porción de terreno sujeta al
Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados. No supone, por
lo tanto, la configuración de
una finca nueva sino el
resultado de rectificar
numéricamente las unidades de
medida contenidas en la
extensión delimitada
exclusivamente por los linderos
los cuales identifican la parte
de la superficie objeto de
consideración. En este sentido
la Administración coincide con
la postura que ha mantenido la
jurisprudencia y en concreto la
Sentencia de la Audiencia
Territorial de Barcelona de 25
de septiembre de 1986.
2.- Supuestos en los que el
exceso de cabida se sujeta a
este concepto del ITPAJD.
2.1.- Cuando se declara un
exceso de cabida que
realmente esconde una
agrupación de fincas.
Este caso se produce, por
ejemplo, en el caso en que,
efectuada la adquisición de una
finca colindante, de la que no
se tiene título o éste es
defectuoso, se señala que la
misma pertenece a la finca
primera como consecuencia de
un exceso de cabida, cuando lo
que realmente se está
produciendo es una agru pación
de fincas. En este caso dicho
expediente o acta quedaría
plenamente sujeto al impuesto
de acuerdo con el principio de
calificación del acto o contrato a
que se refiere el artículo 2. 0 del
TR, en virtud del cual el
impuesto se exigirá con arreglo
a la verdadera naturaleza
jurídica del acto o contrato
liquidable, cualquiera que sea la
denominación que las partes le
hayan dado.
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