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causa probable para ordenar los respectivos mandatos de detención”,
acá se hace un examen muy distinto por el juez, al emitir opinión. Esto
es muy importante en un proceso de extradición. Yo creo que aquí,
finalmente, lo que se quiso decir, la orden de captura está apegada al
Derecho extranjero, no podemos substituirnos en la valoración de la
prueba; pero el señor juez de Distrito sí se metió y aplicó reglas de
Derecho mexicano para decir: es documental pública y hace prueba y
está certificada y todos los etcéteras.
Y aquí viene la paradoja que nos va a representar este criterio.
Conforme al diseño de la Ley de Extradición Internacional, la
participación del juez de Distrito es simplemente una opinión, una
opinión pericial, una opinión de experto en Derecho, apreciable pero
no vinculatoria; en cambio, si como nos propone el señor ministro
Góngora, decimos ahora: sí se puede en el amparo contra la
resolución que concede la extradición, valorar las pruebas y los
hechos para determinar si está probada la existencia del delito y si hay
datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado, esta
decisión ya no va a ser una mera opinión, ésta es vinculante, destruye
la extradición que ya se había obsequiado.
Creo que esta valoración, en el caso particular, cambia todo el formato
constitucional del procedimiento de extradición. Entonces, yo me
inclino porque veamos esto, primero como inicio del enjuiciamiento
referido a orden de aprehensión; y orden de aprehensión vista en los
términos en que se dictó por el país requirente. Si se cumplió con las
formalidades de allá, pues a la luz de nuestra ley también procedería
la detención; de lo contrario, sí convertimos de lleno esto en un
procedimiento penal, con todas las implicaciones que tiene, sobre
todo en el amparo por suplencia de queja y amparo porque no fundó
correctamente, todo eso sería un impacto tremendo en estas
cuestiones de extradición, ya de por sí dificultadas.
Pero, en fin.