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cuerpo del delito y de presunta responsabilidad, y el Tratado
Internacional también nos habla de estas mismas figuras.
En el documento que yo traje hoy y que distribuí se llega a la
conclusión de que es indispensable considerar estos aspectos, las
pruebas suficientes para enjuiciar al sujeto requerido.
Ahora, ¿cómo se hace esto? Primero, la doble incriminación. Los
mismos hechos que se cometieron allá se cometieron acá. Después,
vaya, están castigados como delito allá, con un nombre y acá como
delito, con diverso nombre, pero en respecto a la garantía individual,
estos hechos denunciados son delitos, ya se dijo que sí al determinar
la doble incriminación, estaría probado aquí en México la existencia
material del delito, sí, habría datos suficientes para hacer probable la
responsabilidad del inculpado, sí, esto no vincula absolutamente en
nada al país extranjero, porque lo único que se está diciendo: si por
los mismos hechos se debiera juzgar al sujeto requerido aquí en
México, ameritaría el libramiento de la orden de aprehensión
correspondiente. Creo que este es el ejercicio que debe hacer,
primero el juez en su opinión, pero fundamentalmente la Secretaría de
Relaciones Exteriores, que es la que resuelve. El hecho de que aquí
se diga que los hechos son constitutivos de los delitos de asociación
delictuosa, lavado de dinero y delitos contra la salud, en la modalidad
de posesión de cocaína, y que hay datos que aquí en México
determinarían que se dicte una orden de aprehensión, no afecta para
nada la jurisdicción del país requirente, porque el juzga conforme a un
procedimiento penal diferente, y por las mismas conductas, pero
técnicamente definidas como distintos delitos. Hoy en la mañana yo
llegué convencido de que es indispensable hacer mención del cuerpo
del delito y de presunta responsabilidad, mi observación era que no
equiparáramos esto a auto de formal prisión, sino a orden de
aprehensión, y dije que el proyecto del señor ministro Góngora, pues
soslayó todo esto, y dice: “en los términos del 10, párrafo tercero,
inciso b) del Tratado, y 16, fracción II de la Ley, hay elementos que
permiten concluir que los hechos denunciados son delito en México y