cámara de diputados - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

En una última encuesta, el 85 por ciento de los chilenos manifestó su convicción de que se debe
legislar sobre la materia. Nuestro Parlamento no puede hacer oídos sordos, y por eso este día es histórico y
tenemos el deber de dar respuesta a esta inquietud.
¿Cuál es hoy la realidad de los matrimonios chilenos? Por cierto, no la que deseamos, sino la que
vive la mayoría de nuestros conciudadanos. La mayoría de las familias chilenas está integrada por dos padres
y sus hijos. Eso es así. Para algunos, esa situación demuestra que legislar sobre el divorcio, la separación y la
nulidad no sería tan importante. Opino lo contrario, porque junto a esta mayoría de matrimonios que
permanecen, existen miles de situaciones que conducen a la separación de hecho, a la nulidad fraudulenta, al
dolor, a la desprotección, en sus derechos, de hijos de padres anulados y, sobre todo, a la formación de
nuevas familias, tanto o más sólidas que las que mencionamos al comienzo, pero que no tienen
reconocimiento legal y pasan a ser de segunda categoría.
Según el censo de 1992, el 6,8 por ciento de los casados están o estuvieron anulados o separados:
30.656 anulados, 324.926 separados. Una encuesta realizada por la Comisión Nacional de la Familia, creada
por el ex Presidente Patricio Aylwin, afirma que esta cifra es de 15,3 por ciento. En los últimos veinte años,
las nulidades suman 89.660. En 1992, el 44,4 por ciento de las nulidades ocurrieron en los primeros años de
matrimonio, nueve o menos. En 1995, según información del Registro Civil, nacieron 74.785 niños y niñas
que fueron reconocidos como hijos naturales por ambos padres, lo que implica un 28,45 por ciento del total
de niños nacidos ese año. Esta cifra induce a pensar que ese porcentaje refleja las uniones de hecho al día de
hoy.
Los conflictos derivados de estas rupturas son muchos. Podemos afirmar que los tribunales de
menores se encuentran dedicados principalmente a atender las consecuencias de estas rupturas que se
producen en el país.
En 1991, se terminaron 49.203 causas de menores, que incluyeron a 65.233 niños y niñas.
De éstos, el 58 por ciento eran hijos legítimos, que dieron lugar al 48 por ciento de las causas de
menores.
Como decíamos, es una situación que se arrastra desde hace más de un siglo y, por supuesto, se
buscó un resquicio legal, cual es la nulidad del matrimonio por incompetencia del oficial del registro: testigos
falsos, mentiras, fraudes.
Cada año que pasa se tramitan 6.500 nulidades, a las cuales hay que agregar a miles de parejas que
se mantienen casadas, pero separadas de hecho.
Aquí quiero detenerme un poco para analizar hasta qué punto la nulidad es una solución injusta,
además de fraudulenta.
El procedimiento perjudica a los más débiles, generalmente a las mujeres y a los hijos. Claramente
excluye a las familias que no tienen ingreso para pagar. Conocido es el hecho de que los pobres,
especialmente las mujeres, recurren a declarar la muerte presunta del cónyuge que abandona el hogar.
En el caso de la nulidad, el matrimonio termina, pero las mujeres y los hijos no tienen fuerza para
negociar las condiciones en que quedan. En la práctica la nulidad somete al cónyuge más débil al poder
económico del otro. Esto significa que mediante el dinero, el cónyuge más fuerte podrá lograr una nulidad
favorable amenazando, por ejemplo, con dejar de pagar la alimentación, la vivienda, la salud y los colegios.
El resultado es que el cónyuge más débil se ve obligado a aceptar las condiciones de quien tiene el dinero.
La realidad indica que la mayoría de los cónyuges más débiles son mujeres, porque el 65 por ciento
de ellas no tiene trabajo remunerado y muchas han dedicado su vida a atender el hogar, a los hijos y al
marido. Por lo tanto, no tienen asegurada por sí mismas la atención en caso de enfermedad, de invalidez o
vejez, o su propia mantención, mientras que los maridos, en su mayoría, perciben una remuneración por su
trabajo y financian su previsión con el dinero de la sociedad conyugal.
Si a esto agregamos que en uno de cuatro hogares existe violencia y que se viven situaciones en las
cuales son los hijos y las mujeres las principales víctimas, vemos que para ellas la supuesta nulidad, de mutuo
acuerdo, no es una solución, puesto que es evidente que la ruptura se produce, precisamente porque no hay
acuerdo, y al no existir normas legales objetivas, las mujeres y los hijos quedan sujetos a la razón de quien
tiene la fuerza y el dinero.
El cuadro es especialmente grave en cuanto a la situación de los hijos. Ya hemos dicho que los
juzgados están llenos de personas que buscan soluciones sobre pensiones de alimentos y otra situaciones no
reguladas. Esa falta de regulación produce la paradoja de que a la ruptura entre los cónyuges se suma una
verdadera ruptura con los hijos, puesto que su protección no está garantizada en el momento de poner fin al
matrimonio.
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