cámara de diputados - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Por lo tanto, no hay inconstitucionalidad alguna en el proyecto que hoy estamos conociendo.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Ramón
Elizalde.
El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, lamento que en la sesión de ayer no hubiésemos avanzado
en un proyecto que, para mí, tiene dos elementos sustantivos: primero, la eliminación de las razones
fraudulentas que hoy se dan para obtener la declaración de nulidad, que transformaba en reales y
comprobables, y segundo, el establecimiento de los tribunales de familia.
Sin embargo, quiero expresar mi opinión respecto al proyecto que se debate hoy, en el entendido de
que se trata de una alternativa diferente a la planteada en la sesión de ayer.
A través de la historia, el matrimonio ha sido la institución que ha sustentado a la familia y al
progreso de la sociedad. Sus dos elementos esenciales son su carácter monógamo, es decir, se trata de una
relación entre un hombre y una mujer, y su carácter indisoluble. En pocas palabras, se trata de una relación
permanente entre un hombre y una mujer.
Históricamente, el matrimonio ha sufrido dos grandes enfermedades: la poligamia, que ataca su
carácter único y exclusivo, y el divorcio, que cuestiona el carácter permanente de la unión matrimonial.
Cuando estos dos males se han extendido, el matrimonio y la familia se han fragilizado, influyendo en el
debilitamiento de los pueblos. Hoy, el divorcio ha vuelto a extenderse provocando efectos sociales
desastrosos en los países en que se ha aprobado.
La ley puede fortalecer o debilitar a la familia. Las leyes no tienen ni les corresponde tener el poder de
plasmar la personalidad de los ciudadanos; pero sí la posibilidad de crear las condiciones que faciliten las
conductas honestas y de poner trabas a las dañinas. Por eso, por ejemplo, el derecho a la vida es protegido por
ley sancionando el homicidio, porque no basta con decir que la vida es buena. Lo mismo sucede con la familia.
No tienen sentido las declaraciones a su favor, si no van acompañadas de una legislación que promueva su
fortalecimiento.
A la sociedad no le da lo mismo que la familia sea estable o no; ella no puede renunciar a su derecho
a promover los valores en que se funda, y la familia es el más importante de todos. Por eso, la ley debe
proteger y fomentar la estabilidad del matrimonio.
Se dice que el divorcio es sólo una solución para aquellos matrimonios que han fracasado
irremediablemente y que no afecta a los bienavenidos. Sin embargo, la evidencia mundial demuestra que ello
es falso. Por ejemplo, en naciones donde no hay ley de divorcio, como Chile e Irlanda, el porcentaje de
matrimonios exitosos bordea el 90 por ciento. En el caso chileno, la cifra procede de la encuesta Cep-
Adimark, solicitada por el gobierno de Aylwin a fines de 1993. Concuerda con la información del Censo de
1992, que indica que el número de matrimonios bien constituidos asciende a 93.2 por ciento y el de separados
y anulados a 5.8.
En cambio, a partir de la década de los setenta, en un gran número de países donde el divorcio se fue
legislando, la cantidad de rupturas en relación al conjunto de matrimonios se elevó desde niveles del 10 por
ciento a porcentajes que fluctúan entre el 30 y el 50 por ciento. Por ejemplo, de acuerdo al Demographic
Yearbook de 1990 de Naciones Unidas, entre 1971 y 1985 la tasa de divorcio en Bélgica ascendió desde el 10
al 32 por ciento; en Francia, del 12 al 40; en Holanda, del 9 al 30, y en Gran Bretaña, del 17 al 44 por ciento.
En la actualidad, Dinamarca y Estados Unidos lideran el número de rompimientos, con porcentajes
de casi el 50 por ciento, y se calcula que en los próximos decenios se llegará al 66 por ciento. En
consecuencia, no se puede decir que la ley del divorcio no atenta contra la estabilidad de la familia y, por
ende, contra la sociedad en su conjunto.
La ley debe elegir entre un matrimonio permanente o uno transitorio, porque le es imposible
establecer un matrimonio permanente y a la vez transitorio. Necesariamente debe elegir entre uno u otro. Es
más, debe escoger entre matrimonio propiamente tal y la cohabitación legal, porque la diferencia radical entre
uno y otra es, justamente, la indisolubilidad del vínculo que caracteriza al primero, y la transitoriedad y la
relación consustancial de la segunda.
La unión de por vida es la garantía esencial para que el marido y la mujer puedan entregarse por
entero al otro y responsabilizarse de los hijos, sin el riesgo de que ante una crisis propia de todo matrimonio,
uno de ellos pueda ser abandonado, quedando ya sea expropiado de sus hijos o privado de ayuda para
educarlos y mantenerlos. Por lo tanto, a la ley le corresponde resguardar la estabilidad del vínculo
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