cámara de diputados - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

que nos corresponde.
Cuando los matrimonios sufren crisis y la amistad se rompe definitiva e irreparablemente, hacemos
como que el problema no existe y dejamos que los cónyuges resuelvan por sí mismo el quiebre. Sin embargo,
los hombres y mujeres que han experimentado una ruptura matrimonial, la opinión pública, los abogados, los
jueces y todas las instituciones que administran justicia, han proveído la solución que hasta ahora ha sido
negada por las leyes. La nulidad matrimonial por supuesta incompetencia del oficial del Registro Civil,
originada en el equivocado domicilio de los contrayentes, ampliamente practicada en nuestro medio,
constituye la forma que se ha buscado para superar una legislación que resulta evidentemente inadecuada.
Ella es un fraude a la ley y un divorcio vincular encubierto sancionado por los tribunales. Resulta irreal
mantener la formalidad de un vínculo conyugal donde la amistad y el amor terminaron. Lo razonable es
reconocer esa realidad, enfrentando lo único que la legislación puede regular con ventajas: la situación de los
hijos y la de la cónyuge que luego de la ruptura queda en desventaja. Por eso, este proyecto intenta dar lugar
a un estatuto diferenciado que reglamente la separación, la nulidad y el divorcio. Evita mantener un vínculo,
en términos formales, participando de un fraude indigno; en cambio, permite el divorcio sólo en aquellos
casos en que el proyecto de vida en común de los cónyuges se ha hecho absolutamente imposible.
La iniciativa favorece la estabilidad matrimonial y, por tanto, protege a la familia, porque hace más
difícil el divorcio que en la actualidad, y resguarda el cumplimiento de los deberes familiares hacia los hijos
después de terminado el matrimonio. Además de establecer taxativamente las causales de divorcio, se
favorece una instancia previa de conciliación y se faculta al juez, en casos extremos, para denegar el divorcio,
aunque concurra alguna causal, si con ello se evitan males mayores.
El proyecto busca perfeccionar el marco legal general, contenido en la ley de matrimonio civil y
proveer a nuestro ordenamiento jurídico de un estatuto que, valorando y promoviendo la mantención del
matrimonio, minimice los daños de las rupturas.
Nadie puede considerar al divorcio como un bien deseable. El matrimonio fundado en el amor lleva
consigo una promesa y un anhelo de permanencia en el tiempo, pero la ley no puede desconocer que, frente al
quiebre irreparable de la vida conyugal, el divorcio puede impedir males mayores, al permitir al juez regular
la separación definitiva de los esposos, la relación y deberes hacia los hijos y respecto de los bienes del
patrimonio común. De este modo, los cónyuges quedan en disposición para contraer otro matrimonio, con
todos los resguardos legales del caso. Con esto, no se trata de promover el divorcio porque la ley lo permite,
ni de admitir que el matrimonio es desechable o a plazo; los que contraen este vínculo lo hacen bajo la
convicción de que será para toda la vida y que pondrán su mejor empeño por que así sea. También es
importante considerar que la naturaleza humana es de por sí imperfecta y que la ley positiva tiene el deber de
regular los conflictos de la vida humana.
A todo esto debe agregarse la situación de quienes, por su orientación sexual o su conducta
sostenida, se han puesto en situación incompatible con la naturaleza del matrimonio. En estos casos, el otro
cónyuge podrá también solicitar el divorcio. No hay razón de justicia alguna, como se comprende, para
obligar a un ser humano a mantener el vínculo con quien posea una conducta sexual o de otra índole que hace
imposible el proyecto de vida en común que supone el matrimonio.
El proyecto permite dar lugar al divorcio cuando ha transcurrido un tiempo de espera y de previa
separación de los cónyuges. La suspensión de la vida en común y el hecho de que los propios cónyuges no la
hayan renovado espontáneamente, es prueba de la ruptura definitiva. Los beneficios meramente formales que
se alcanzarían con la mantención del vínculo son muy inferiores a los perjuicios que se originan de una
situación irregular que en sí misma no produce ningún bien.
Apoyo plenamente el proyecto de ley con disolución de vínculo. Sólo los pacatos y los moralistas
crónicos pueden oponerse a esta importante reforma del derecho de familia.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor Alejandro García-
Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, no puedo empezar mi intervención sin antes
recordar a la Sala las palabras que Su Santidad Juan Pablo II expresara a la comunidad chilena hace unos
años, justamente en Valparaíso, cuando todavía no existía el Parlamento, las cuales hoy son tan válidas
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