cámara de diputados - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

hombre y una mujer, lo que es de la esencia del contrato matrimonial.
Pero hay un segundo tipo de causales que hacen procedente el divorcio vincular: las no imputables a
alguno de los cónyuges. No se trata de que uno sea culpable frente al otro de alguna conducta, sino que la
experiencia muestra que, sin que medie culpa de nadie, la amistad conyugal a veces se hace imposible.
Por lo tanto, el proyecto permite dar lugar al divorcio cuando, previa separación de los cónyuges y
transcurrido un tiempo de espera, concurren estas circunstancias objetivas.
Asimismo, el proyecto contempla aspectos procesales que constituyen una innovación importante.
En efecto, establece un conjunto de reglas que evitan la discordia y procuran facilitar y fomentar las
soluciones cooperativas entre los cónyuges. Los mecanismos adversariales que consagra nuestra legislación
resultan inadecuados para los conflictos de familia, y suelen exacerbar su remedio en vez de favorecerlo.
El proyecto dispone, por lo mismo, la posibilidad de mediación, y supone la pronta creación de
tribunales de familia. De hecho, el artículo 5º transitorio propone la existencia de tribunales especiales, es
decir, tribunales de familia, y, entretanto, la competencia de tribunales ordinarios.
Es de desear, como se manifestó ayer, que el Gobierno envíe el proyecto que crea los tribunales de
familia, para que contemos con tribunales especializados que, a su vez, cuenten con la asesoría técnica
especializada, para enfrentar no sólo las rupturas matrimoniales, sino toda la problemática de la familia.
Tantos son los resguardos que toma el proyecto ante la eventualidad de una ruptura matrimonial, que
en los tres casos, nulidad, separación o divorcio, se requiere un acuerdo completo y suficiente entre los
cónyuges -artículos 63 y 64-, calificado por el juez.
En el artículo 65 se propone un proyecto de regulación de la vida futura, con una audiencia de
conciliación para tal efecto, y si no hubiere acuerdo, una instancia clara de mediación ante órganos
extrajudiciales que determine el reglamento o ante el propio tribunal.
Para terminar, quiero llamar brevemente la atención sobre la cuestión más controvertida del
proyecto.
El artículo 18 del título II -sobre la disolución del matrimonio- añade la sentencia firme de divorcio a
las causales que ya conocemos: muerte natural, muerte presunta y declaración de nulidad -el título sobre
disolución del matrimonio de la actual Ley de Matrimonio Civil contempla la nulidad, igual que el proyecto
que conocimos ayer-.
Ahora bien, ¿cómo y cuándo se aplica la causal del divorcio vincular como régimen de excepción?
Como veremos, con los debidos resguardos, como última instancia, cuando todo lo demás ha fallado.
En los artículos 50 y siguientes se contemplan las causales en virtud de las cuales se puede impetrar
la acción de divorcio. Transmito el sentir de la Comisión de que estas causales son perfectibles en la
discusión en particular, en el supuesto de que se apruebe el proyecto, porque la casuística es fundamental para
establecer la verdadera naturaleza del divorcio vincular.
La primera causal establecida en los artículos 50 y 51 del proyecto, se refiere al transcurso de
tiempo, que hemos estimado en dos años -originalmente se había contemplado uno, pero consideramos que
era poco-, ya sea que hubiere una separación de hecho, caso en el cual los dos años se contarán desde que se
aceptó por parte de ambos cónyuges el cese de la convivencia, o bien, que hubiere -artículo 51- una
separación judicial sin disolución de vínculo, situación en que los dos años se contarán desde que quedó a
firme la resolución que lo dispuso.
Alguien podría comentar que eso se puede burlar fácilmente. “Es cosa de ponernos de acuerdo para
decir que llevamos dos años separados y nos divorciamos.” Justamente para precaver esa posibilidad, los
artículos 71 y 72 tienen dos normas de resguardo importantes. En primer lugar, no basta con afirmar que se
está dos años separados: se debe probar por los medios legales, que han poseído notoriamente la calidad de
separados. Es decir, es la posesión notoria de esa condición la que, por los medios de prueba legal, ha de
acreditar esta causal.
En segundo lugar, el artículo 72 preceptúa que en los juicios de nulidad, separación y divorcio, la
confesión de los cónyuges no hace plena prueba. Por lo tanto, tampoco basta con que los cónyuges digan que
llevan dos años separados; es necesario que prueben por los medios legales la posesión notoria del estado de
separación de hecho, porque, en el caso de separación judicial, existe un instrumento que fácilmente permite
contar esos dos años.
La segunda causal, contemplada en los artículos 52 y 53, se refiere a la imposibilidad de la vida en
común de resultas de circunstancias objetivas. Cuando decimos objetivas -no subjetivas- significa que no hay
culpables o inocentes, víctimas o victimarios. Hay circunstancias que, objetivamente, acreditan que ese
vínculo matrimonial se ha roto en forma irreparable. Por eso, agrega: “no imputables a ninguno de los
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