Repercusión de las Reformas Constitucionales y Proyecto de las ...

ADMINISTRATIVA
La decisión de llevar a la ley reglamentaria la tesis denominada La apariencia
del buen derecho y el peligro en la demora en cualquier materia, cuya determinación
se sujetará a la facultad discrecional del juzgador, me parece discutible,
pues adelantar los efectos del fallo protector, se puede prestar a todo tipo de
excesos que pueden desnaturalizar el juicio de amparo.
En ciertas materias debería de ser la excepción, no la regla, salvo que se
para efectos del amparo administrativo.
En materia administrativa, la autoridad continuamente libra una lucha
desigual contra los denominados giros negros, que para muchos son sólo restaurantes
con venta de bebidas alcohólicas.
Los acontecimientos recientemente ocurridos, evidencian lo delicado de
este tema. Nunca imaginó el licenciado Ricardo Couto el impacto que a la larga
tendría su ensayo presentado en 1956 en el Instituto Mexicano del Amparo, donde
propuso dar a la medida suspensional, efectos de amparo provisional.
Y bien cabe aclarar que advirtió que debería concederse tratándose de
tivamente
no debería dispensarse.
Llama la atención que una de las materias en que se estimo que no debía
concederse en la administrativa, en especial en procedimientos seguidos en forma
de juicio o en las facultades de la autoridad administrativa quedan mermadas,
justo lo que ha pasado últimamente.
En el rubro del cumplimiento de las ejecutorias se establece la actitud
de imponer multas al superior de la autoridad responsable para que orden a ésta
cumplir con ella, que incurra en las mismas responsabilidades.
Actualmente no pueden imponerse multas, pues la ley de amparo no ad-
que se esperan acorde a cómo obra la jerarquía administrativa.
El problema no es que el superior ordene al inferior que cumpla la ejecutoria,
sino es exactamente al revés, que el inferior logre que el superior provea los
elementos necesarios para cumplirla, sobre todo cuando hay un pago enumerario
para cumplir la ejecutora.
Tenía yo tres días de haber sido designada directora general jurídica del
gobierno de la ciudad, cuando me avisaron de la Corte que ya estaba listo el dictamen
para mi destitución por desacato a una sentencia. Dije “bueno, primero
avísenme de qué se trata…”
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