LA POBLACIÓN INMIGRANTE EN CASTILLA Y LEÓN - Consejo ...

muy importantes en el contexto de las sociedades envejecidas. Sobre este particular
hemos de destacar la ingente labor que aún queda por realizar, dentro de la cual la
población inmigrante, como veremos, puede realizar un importante papel.
Resulta muy difícil evaluar de forma precisa cuáles son las necesidades reales de
asistencia que tiene la población anciana de un espacio determinado; sin embargo, lo
que sí podemos afirmar es que en el caso castellano-leonés, están cubiertas de manera
muy fragmentaria. Para avalar tal afirmación basta utilizar alguna información
suministrada por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales. Según la Encuesta
sobre Discapacidades, Dependencias y Estado de Salud. 1999, se calculaba que sobre
un total estimado de 512.714 personas con 65 y más años (cifra inferior a la que
posteriormente ha aportado el INE), el 37,27% presentaban algún tipo de discapacidad.
Ello nos permite afirmar que en 1999 unos 191.187 ancianos castellano-leoneses
precisaban, en mayor o menor medida, algún tipo de asistencia. La información sobre
personas asistidas que proporciona este mismo organismo en su Informe 2000. Las
personas mayores en España, señala que en ese año 10.904 personas disfrutaba de la
Ayuda a Domicilio, existiendo 609 plazas en Centros de Día, 10.904 plazas en
residencias públicas o concertadas, 17.069 plazas en residencias privadas y otras 145 en
viviendas tuteladas. Aun suponiendo que todas las personas que reciben cualquiera de
estas formas de asistencia estuvieran incluidas en ese grupo de casi 200.000 ancianos
discapacitados (lo cual no es cierto), tan solo contarían con algún tipo de asistencia poco
más del 20% de los ancianos con discapacidad. Se podría afirmar que un cierto número
de personas mayores tiene contratada, de forma más o menos regularizada, algún tipo de
ayuda, pero tampoco debemos olvidar que no todos los que disfrutan de la ayuda a
domicilio son ancianos, ni todos los que viven en residencias o viviendas tuteladas son
discapacitados.
Sea como fuere, no es el momento ahora de precisar la cuantía exacta de las
personas necesitadas de asistencia, sino de constatar la realidad de que la inmensa
mayoría de ésta es prestada a través de los mecanismos de ayuda informal, es decir, los
familiares, mayoritariamente las mujeres, desarrollan de forma absolutamente
predominante la labor asistencial que precisa una Tercera Edad cada vez más numerosa.
Esto tiene unas implicaciones importantes en un contexto en que cada vez existen
menos familiares en condiciones de aportar esos cuidados, bien porque viven en otros
lugares, bien porque su situación familiar o laboral no se lo permite. De este modo, cada
vez es más frecuente, sobre todo en el medio rural, que personas mayores de sesenta y
cinco años sean el cuidador principal de octogenarios.
Vemos, pues, que, considerando sólo la vertiente asistencial (muy importante
pero no la única) el afrontar la situación de creciente envejecimiento en Castilla y León
pasa por la necesidad emprender políticas y acciones que han de llevar necesariamente
aparejada una significativa creación de empleo, dentro de la cual, al menos en buena
parte, podría tener cabida la población inmigrante. Una situación que, de hecho, ya se
está produciendo de una u otra forma, pues se ha podido detectar cómo en algunos casos
las propias personas mayores o sus cuidadores contratan población extranjera para que
se hagan cargo de al menos una parte de las tareas. Igualmente, ciertas empresas con las
que los organismos públicos han contratado la prestación de los servicios de Ayuda a
Domicilio se enfrentan, en no pocas ocasiones, a grandes dificultades para encontrar
personal dispuesto a desempeñar tales funciones, especialmente en el medio rural, por lo
que han comenzado a contratar inmigrantes.