Mucho más que anchoveta - Editec

la mayoría de los actores se muestra en contra de la medida.
De acuerdo con Sarquis, “hemos visto cómo el Consejo ha
sido demonizado durante toda la discusión. Este solo tenía
facultades para aceptar o rechazar la cuota propuesta por
el Ejecutivo, pero no para aumentarla. Por lo tanto, no se le
pueden asignar las culpas de todos los males de la pesca”.
Al respecto, Vial dice que “soy defensor del concepto básico
de participación y representación ciudadana que hay en el
funcionamiento habitual del CNP, por la gobernabilidad que ha
traído al sector al permitir el diálogo directo y fl uido entre los
actores, investigadores, la autoridad política y creo que, más
que restringir severamente su ámbito de decisión, debería
ajustarse su composición y sus atributos, en particular en la
determinación de las cuotas anuales”.
El mundo artesanal también defi ende al CNP. Zoila Bustamante
sostiene que “se quita la facultad resolutiva al Consejo,
pero se mantiene el fi ltro a la investigación que realiza el Departamento
de Pesquerías de la Subsecretaría de Pesca, que es
el responsable de proponer las cuotas. Si se quiere mejorar el
sistema, debe eliminarse el informe técnico de pesquerías y encomendar
a los comités técnicos de cada recurso la defi nición
de las cuotas de captura, con la participación de otros grupos
de investigadores para generar controles entre los pares”.
Pero no todos piensan igual. El presidente de la Asociación
de Industriales Pesqueros del Norte, Francisco Mujica, está
de acuerdo con quitar facultades al CNP. “Es penoso, pero la
medida de eliminación de sus facultades es muy necesaria
dado el alto desprestigio que este tiene”, manifi esta.
Sobre el establecimiento del Panel de Expertos, algunos
aceptan la medida, claro que con recomendaciones para
un mejor funcionamiento, mientras que otros no la ven con
buenos ojos. “Me preocupa la intención del Gobierno –al
menos en materia pesquera– de eliminar las instancias de
El documento
presentado por
el Gobierno
está enfocado,
principalmente,
en asegurar la
sustentabilidad
de los recursos
pesqueros.
Por ejemplo,
se incorpora
el concepto de
“Rendimiento
Máximo
Sostenible” y
se agrega un
programa para
recuperar las
pesquerías.
Sector extractivo
participación de la gente. Niego que el CNP sea un mecanismo
de presión para que el subsecretario no pueda establecer
planes de manejos como corresponde. Acá, lo que se quiere
es traspasar las facultades que tiene el Consejo a otras personas
que dicen ser expertos. Yo quisiera saber, con la crisis
que tenemos, si es que hay realmente algún experto en Chile
que nos pueda decir qué hacer”, sostiene Hugo Arancibia.
ROYALTY
Otro ámbito donde la mayoría de los pesqueros no concuerda,
al menos los industriales, es con el establecimiento
de un royalty, ya que, conforme con Sarquis, “nos parece
decididamente discriminatorio. Todos los derechos de uso de
recursos renovables en el país conllevan algún tipo de pago, y
en la pesca también debe existir. Sin embargo, queremos que
el impuesto propuesto sea consistente con los otros sectores
de la economía”, expone el ejecutivo.
Los representantes de la Asipes valoran que se intente reformular
el actual sistema de patente pesquera, pues el pago
se produce a todo evento. Sin embargo, también lamentaron
que el “impuesto específi co” propuesto se aplique sobre las
toneladas que se tenga derecho a extraer y no sobre las
efectivamente capturadas.
Al presidente de la Asociación de Industriales y Armadores
Pesqueros de la Región de Coquimbo, Sebastián
Vera, tampoco le convence que se incrementen los cobros.
“Nos parecería inadecuado plantear nuevos impuestos que
aumenten la carga tributaria y resten competitividad a este
sector que es netamente exportador y que está sometido a
muchas variables que le restan competitividad”.
Vial va por el mismo camino al manifestar que el cobro de
un royalty “es fruto del espejismo de creer que todos se han
estado haciendo ricos y el Estado no está recibiendo nada a
cambio”. Francisco Mujica, a su vez, opina que “era una buena
idea hasta que alguien hizo un mal cálculo y puso el 4,2%
del valor de sanción, transformándolo en un cobro abusivo
para una actividad que está en la UTI”.
LA POLÉMICA LICITACIÓN
El tema de la licitación sigue centrando gran parte de la
discusión. Sarquis precisa que “nos parece inadecuado desde
el punto de vista de la sustentabilidad licitar pesquerías que se
encuentran en sobreexplotación. Distintos expertos señalan que
las subastas generan una presión indebida sobre el estado de los
recursos, lo que sería un claro atentado al desarrollo sostenible”.
Carlos Vial, por su parte, lamenta que el gobierno haya
incluido el tema en el proyecto, siendo que el ministro de Economía,
Pablo Longueira, había prometido que si se llegaba a
acuerdo en el fraccionamiento entre artesanales e industriales
–como de hecho ocurrió– el concepto no sería considerado.
“Los acuerdos de las mesas regionales fueron muy amplios y
refl ejan situaciones que van mucho más allá de la licitación o
no de los excedentes. Ahora, no todo fue recogido ni tampoco
rechazado, pero creo que el gobierno perdió la oportunidad de
AQUA / marzo 2012
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