Investigación sobre la aplicación de los principios y derechos ...

colectivos a los trabajadores de todas las
ramas de actividad del 95 por ciento al 16
por ciento, punto este no negado por el
Gobierno. El Comité pidió al Gobierno, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo
4 del Convenio núm. 98, que tome todas
las medidas para promover la negociación
colectiva; que examine con la organización
querellante y otras partes concernidas el
estado de la negociación colectiva en el
sector de las artes gráficas; y que le comunique
toda medida que se adopte para promover
la negociación colectiva en dicho
sector”.
l) En cuanto al caso Nº 2087, sobre denuncia
de un convenio colectivo y otras medidas y
amenazas de corte antisindical ocurridas
“cuando la dirección de esta empresa tomó
conocimiento de la intención de los trabajadores
de afiliarse a la Asociación de Empleados
Bancarios del Uruguay (AEBU)”,
Síntesis de las observaciones
31
así como despidos de varios afiliados y
amenazas contra todos quienes se afiliasen
al sindicato de trabajadores bancarios, el
Comité recordó que había solicitado al Gobierno
que “tomara medidas para agilizar
los recursos administrativos interpuestos
contra la resolución administrativa de 28
de abril de 2003 de la Inspección General
del Trabajo y la Seguridad Social y que le
informara sobre sus resultados y, por último,
que mediara entre las partes para obtener
el reintegro de los perjudicados, sin
pérdida de salario” así como brindara información
sobre “las amenazas de despido
contra los trabajadores que se afiliasen a la
AEBU”. El Comité anotó asimismo que los
traslados por cuestiones sindicales debían
reponerse, y que los trámites de presentación
de recursos administrativos contra las
resoluciones de la Inspección General del
Trabajo por las multas aplicadas a la empresa
tengan rápida culminación.
El conjunto de observaciones efectuadas por los órganos de contralor de la OIT, pueden resumirse en
cuatro fundamentales: a) Limitaciones a la negociación colectiva en la administración pública; b)
Falta de reintegro de los trabajadores despedidos a causa de su actividad sindical; c) Demora en los
procedimientos de investigación llevados adelante por la Inspección General del Trabajo; y d) Ausencia
de medidas de promoción de la actividad sindical (acceso de dirigentes a las plantas, no descuento
de la cuota sindical, etc).
Sobre la observación de la Comisión de Expertos
en Aplicación de Convenios y Recomendaciones
del año 2003, relacionada con el
cumplimiento del Convenio Nº 98 en lo referente
al promedio de tiempo entre el inicio de
la investigación de una denuncia por discriminación
antisindical y la imposición de sanciones
o el archivo del caso, el Gobierno expresó
en su Memoria del año 2004 que:
a) los expedientes de represión antisindical se
inician de oficio, por denuncia de parte o
por comunicación realizada por la Dirección
Nacional de Trabajo o por la Asesoría
en Relaciones Internacionales;
b) el trámite a seguir no tiene procedimiento
específico para los casos de represión
antisindical, por lo cual ha de seguirse la
normativa general aplicable a cualquier
procedimiento administrativo (decreto Nº
500/91). La diversidad de alternativas que
un expediente puede tener durante su tramitación
(apertura a prueba, diligencia-