Investigación sobre la aplicación de los principios y derechos ...

Mujer (1948), la Convención Americana de
Derechos Humanos o Pacto de San José de
Costa Rica (OEA 1969), la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer, y la Convención
de Belem do Pará (ratificada en l996).
La Declaración Sociolaboral del MERCOSUR
tiene algunas disposiciones que se reseñan en
III.4.1.1.
III. 4.1 Cumplimiento de la legislación relativa
a los principios y derechos fundamentales
III. 4.1.1 En relación a los compromisos
internacionales
Las principales observaciones y solicitudes directas
de la Comisión de Expertos en Aplicación
de Convenios y Recomendaciones han
referido a:
• La diferencia en las remuneraciones entre
hombres y mujeres. En la 72º reunión
(2001) se indica que “En sus comentarios
anteriores, la Comisión había tomado nota
de que se registraba una significativa diferencia
de remuneración entre hombres y
mujeres, así como una segregación vertical
en el empleo. Según información compilada
por el Instituto Nacional de Estadística
del Uruguay en 1995, el salario horario
promedio de la mujer en 1995 era equivalente
al 75 por ciento del salario horario
correspondiente a los hombres. Esta desigualdad
es aún mayor en el caso de las
mujeres profesionales y que ocupan puestos
de dirección, cuyo salario es apenas superior
a la mitad del que perciben los hombres
en posiciones equivalentes”. En consecuencia,
solicitaba a Uruguay que “el
Gobierno comunique información en su
próxima memoria sobre todas las medidas
adoptadas o previstas para mejorar la situación
de la mujer en el mercado de trabajo
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y eliminar tanto las discrepancias salariales
por motivos de sexo, como la segregación
vertical en el empleo que obstaculiza el acceso
de la mujer a puestos más elevados y
mejor remunerados”.
• Según había reiterado ya en solicitudes
anteriores, se dice que “Además, al recordar
nuevamente que no existe en la legislación
nacional una definición de los términos
«remuneración» y «trabajo de igual
valor», ni referencia específica alguna al
principio del Convenio, la Comisión reitera
al Gobierno su solicitud de que continúe
proporcionando informaciones sobre
las medidas adoptadas o que está previsto
adoptar para enmendar la legislación nacional
con objeto de promover la aplicación
del Convenio”.
• En el documento que viene citándose, se
hace mención a la solicitud al Gobierno
que confirme si las diferencias fundadas en
motivos de sexo tales como las contenidas
en los convenios colectivos de 1989 y
1991 para la industria textil, se han eliminado
de los convenios generales para la industria
actualmente en vigor.
• Por último, en esta solicitud “La Comisión
toma nota de la memoria de que no se ha
creado el cuerpo de inspectores especializado
en discriminación en el empleo basada
en razones de sexo, tal como estaba previsto
en el Plan nacional de acción 1992 – 1997
del Instituto de la Familia y la Mujer”.
• Abundando sobre los datos de la discriminación
en el empleo, en la 69º reunión
(1998) se dice que las mujeres constituyen
el 42.4 por ciento de la población urbana
económicamente activa, predominando en
los sectores de los servicios personales
(67%) y de los servicios técnicos y profesionales
(62%). Las mujeres se incorporan
al mercado de trabajo con un nivel de
educación superior al de los hombres y,
de hecho, las trabajadoras que poseen una
educación secundaria duplican numérica-