Investigación sobre la aplicación de los principios y derechos ...

contenido en el art. 8º, cuando prescribe que
«Todas las personas son iguales ante la ley, no
reconociéndose otra distinción entre ellas sino
la de los talentos o las virtudes».
A su vez, el art. 72º del texto Constitucional
dispone que: «La enumeración de derechos,
deberes y garantías hecha por la Constitución,
no excluye los otros que son inherentes
a la personalidad humana o se derivan de la
forma republicana de gobierno». Se ha entendido
que este artículo constituye una
reafirmación del principio de igualdad, tanto
por la indisoluble vinculación con la dignidad
y derechos de todos los seres humanos,
como por ser el fundamento filosófico del
régimen republicano.
Mención especial merece el art. 54º inc. segundo
de la Constitución, en tanto establece
que: «El trabajo de las mujeres y de los menores
de 18 años será especialmente reglamentado
y limitado».
En la Memoria del Gobierno uruguayo a la
Comisión Sociolaboral del MERCOSUR, en
cumplimiento del art. 3º de la Declaración
Sociolaboral (promoción de la igualdad entre
mujeres y hombres), puede leerse que la norma
de referencia “revela el carácter proteccionista
con que tradicionalmente se ha encarado
la regulación del trabajo femenino. Sin embargo,
se ha entendido que esta norma no
puede dar lugar a disposiciones que estén en
contradicción con la que establece el principio
de igualdad de manera general. Así, las reglamentaciones
o limitaciones que se dictaren
sólo podrían estar basadas en un criterio de
razonabilidad, fundada en la propia Constitución”,
tratando así de armonizar la disposición
constitucional con las más modernas tendencias
en materia de igualdad de género.
Por último, resta decir que el art. 42º inc. segundo
de la Carta señala la protección de la
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maternidad y asistencia en caso de desamparo
como deber de la sociedad.
A nivel legislativo, la norma de mayor relevancia
es la ley Nº 16.045, de 2 de junio de
1989. El art. 1º prohibe toda discriminación
que viole el principio de igualdad de trato y
oportunidades para ambos sexos en cualquier
sector o ramo de la actividad laboral, empleando
una técnica legislativa que no se detiene en
definir la discriminación; la caracteriza, simplemente,
como la consecuencia de una conducta
violatoria del principio de igualdad de
trato y de oportunidades. El art. 2º, sin embargo,
explicita algunos rubros en los cuales no
deberá existir discriminación, y el art. 3º establece
una norma que ha sido motivo de comentarios
por parte de la Comisión de Expertos,
según ya tuvo oportunidad de verse: «No
constituirá discriminación el hecho de reservar
a un sexo determinado la contratación para actividades
en que tal condición sea esencial para
el cumplimiento de las mismas, ni las excepciones
que resulten de los Convenios Internacionales
del Trabajo ratificados por el país».
Asimismo, y a modo de recuento de la normativa,
deben tenerse en cuenta otras normas,
de más reciente data, como la ley Nº 17.215
de 24 de setiembre de 1999, que otorga a la
mujer grávida o en período de lactancia la
posibilidad de cambiar las tareas en caso de
que las que realiza perjudiquen su salud o la
de su hijo; la ley Nº 17.242 de 20 de junio de
2000, que otorga a las trabajadoras un día de
licencia especial a efectos de realizarse examen
ginecológico (Papanicolau) y/o radiografía
mamaria; la ley Nº 17.292 de 25 de enero
de 2001, que otorga a uno de los padres
adoptantes licencia especial de seis semanas
continuas por adopción; y la ley Nº 17.474 de
10 de mayo de 2002, que prevé la percepción
de una asignación prenatal desde el momento
en que se determine la circunstancia del embarazo
gemelar múltiple.