Investigación sobre la aplicación de los principios y derechos ...

velado ninguna medida o acción de ese tipo
en relación a las mujeres trabajadoras, que
haya sido adoptada o implementada por el
Gobierno”.
Sobre las normas de empleo y formación
profesional, leyes Nros. 16.320 y 16.736, el
sector de los trabajadores indica que “no
mencionan expresamente como competencias
de la Dirección Nacional de Empleo ni de la
Junta Nacional de Empleo la de promover la
igualdad de oportunidades, si bien la JUNAE
tiene un programa específico para atender la
cuestión de género”.
IV. CONSIDERACIONES FINALES Y
ALGUNAS RECOMENDACIONES
El objetivo de este informe ha sido servir
como base para la discusión de los interlocutores
sociales acerca de las mejoras que puedan
introducirse en el ordenamiento jurídico y
en la práctica nacional a efectos de un mayor
cumplimiento de los Principios y Derechos
Fundamentales contenidos en la Declaración
de la OIT de 1998.
Las limitaciones para el estudio estuvieron
dadas básicamente por dos órdenes de factores:
por un lado, la ausencia relativa de datos
que pudieran mensurar los grados de insuficiencia
de la normativa o de su inobservancia,
debido esto en parte al consabido carácter
abstencionista del Estado en el sistema de relaciones
laborales, que determina la inexistencia
de registros administrativos (de sindicatos,
huelgas, convenios colectivos, etc.) a los
cuales acudir. La limitante hubo de ser suplida
por datos emanados de instituciones privadas
o esfuerzos investigativos individuales,
que se consignan en cada caso, así como por
cooperaciones que la propia OIT ha implementado
en orden al estudio de algunos temas
o la puesta en práctica de algunas de las ins-
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tancias tripartitas existentes (apoyo a la comisión
tripartita sobre igualdad de trato y oportunidades,
etc.). Es importante relevar que algunos
temas, como el trabajo forzoso son realidades
nuevas a considerar, lo que plantea un
trabajo adicional y una búsqueda y concienciación
complementarias.
En segundo término, cierta precariedad en los
apoyos presupuestales de órganos como la
Inspección General del Trabajo también conspiran
contra la posibilidad de obtener datos
desagregados de las inspecciones y sanciones
que eventualmente pudieran aplicarse por las
infracciones a las normas laborales que
receptan los Principios y Derechos de la Declaración.
Tampoco el Poder Judicial resulta
un ámbito pródigo en datos estadísticos sobre
la litigiosidad derivada de los Principios y
Derechos, debiendo en estos casos también
recurrirse a las recopilaciones o repertorios de
sentencias publicados por instituciones académicas.
Con todo, pese a estas dificultades para la
constatación empírica del grado de incumplimiento
o efectividad de las normas, otros
parámetros empleados en la investigación (observaciones
de los órganos de contralor de la
OIT, opinión del sector académico y de los
actores sociales, etc.) permiten ensayar algunas
hipótesis sobre la aplicabilidad de los
Principios y Derechos.
Así, sin mayor necesidad de mensura del fenómeno,
corresponde acreditar como probada
la insuficiencia de la protección de la actividad
sindical y la falta de un mecanismo de
promoción de la negociación colectiva.
Justamente, la libertad sindical y negociación
colectiva comportan ejes paradigmáticos del
debate tradicional en las relaciones laborales
en el Uruguay, y la misma implementación de
una política al parecer tendiente a debatir y