Investigación sobre la aplicación de los principios y derechos ...

En el plano de los instrumentos internacionales,
la ley Nº 13.751 de 11 de julio de 1969
incorporó los Pactos Internacionales de Derechos
Humanos aprobados por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre
de 1966; la ley Nº 15.737 de 8 de
marzo de 1985 aprobó la Convención Americana
de Derechos Humanos, el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos y el
Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, firmados el 22 de noviembre
de 1969. En el art. 6º se prohibe la
esclavitud y servidumbre y el constreñimiento
ajeno a la ejecución de trabajos forzosos u
obligatorios. El Código Penal prevé los delitos
respectivos en los arts. 280º y 281º. Finalmente
debe tenerse en cuenta que la ley Nº
17.304 de 22 de marzo de 2001 aprueba la
Convención sobre la esclavitud y la Convención
suplementaria sobre la abolición de la esclavitud,
la trata de esclavos, y las instituciones
y prácticas análogas a la esclavitud y la
ley Nº 17.510 de 27 de junio de 2002, por la
que se aprueba el Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional.
A nivel de la legislación ordinaria debe citarse:
• el decreto ley Nº 14.470 sobre reclusión
carcelaria, de 2 de diciembre de 1975, que
en su capítulo III prevé normas relativas a
la educación y trabajo del recluso;
• la ley Nº 16.707, de 15 de julio de 1995,
que crea la Comisión Honoraria asesora
del Poder Ejecutivo en lo relativo al mejoramiento
del sistema carcelario y que
tendrá entre otros cometidos “proyectar la
reglamentación de la actividad laboral de
los reclusos, el aprendizaje y su adecuación
a la legislación laboral y de la seguridad
social”;
• la ley sobre prisión preventiva Nº 17.726
de 26 de diciembre de 2003, que en su art.
3º lit. f) establece la facultad del juez penal
de imponer trabajo comunitario como medida
sustitutiva de prisión preventiva; y
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• la reciente ley sobre libertad provisional y
anticipada Nº 17.897, de 14 de setiembre
de 2005, que en su capítulo IV establece
un régimen de redención de la pena por
trabajo o estudio, a razón de un día de reclusión
por cada dos de trabajo.
III. 2.1.3 Posición de la jurisprudencia
En la Memoria del Gobierno a la Comisión y
en la búsqueda efectuada para esta investigación,
no se han identificado sentencias que refieran
al tema.
No obstante, y pese a las dificultades probatorias,
resultaría de interés encarar una investigación
jurisprudencial a efectos de
eventualmente verificar la existencia de ciertas
prácticas o “modalidades modernas” de
trabajo forzoso, como la señalada en el Informe
Global 2005, referida a la realización
forzosa de horas extras bajo la amenaza de
despido.
III. 2.1.4 Contralor administrativo
La Inspección del Trabajo y la Seguridad Social
es el órgano que ejerce la policía del trabajo
con competencia en el Contralor del
cumplimiento del derecho objeto de este estudio.
Tratándose de la comisión de un delito, el
Ministerio Público y Fiscal también tiene
competencia en la materia penal. No se obtuvieron
datos jurisprudenciales relativos al
trabajo forzoso.
Las normas penales ya indicadas establecen
organismos asesores en materia de seguimiento
de los reclusos que trabajan, así como la
cooperación del Patronato de Encarcelados y
Liberados.