Untitled - Fundación Superación de la Pobreza

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La propuesta generó un rechazo generalizado
en los allegados, porque los
subsidios en la práctica disminuyeron y
porque consideraban el subsidio de localización
una conquista de los pobladores,
y una posibilidad, aunque no la mejor, de
poder comprar suelo. Producto de la fuerte
oposición de los pobladores al cambio
del FSV I, el gobierno solo implementó
las modificaciones de la política para los
sectores emergentes y medios. Quedaron
pendientes las modificaciones para los
sectores que el gobierno llama “vulnerables”,
pero que están organizados y han
logrado constituir un movimiento de allegados
quizás no tan masivo, pero sí con
gran capacidad.
Así se inició una etapa de negociación
entre los allegados y el Ministerio cuyo
objetivo era definir el nuevo decreto de vivienda
para los sectores más pobres, que
recién entró en vigencia en abril de 2012.
6.1. Mesa de trabajo de la fenapo:
decreto de vivienda popular y banco de
suelos
Algunos comités se organizan al alero
de la Federación Nacional de Pobladores
(Fenapo) para negociar juntos. Este movimiento
de allegados comenzó una negociación
con el Ministerio para introducir
principios autogestionarios que permitieran
incorporar a los allegados como operadores
de la política habitacional.
Se abre en un marco memorable para
el movimiento de pobladores, que es
presionar para legislar sobre el primer
decreto de vivienda popular en Chile. Y
ahí surge esta capacidad del movimiento
de pobladores de hacer síntesis de la
autogestión que veníamos desarrollando
en los últimos cuatro años, el decreto de
vivienda popular no es ni más ni menos
que hacer legal lo que nosotros hicimos
en el MPL 1 (HR, 2011).
En abril de 2011, la Fenapo presentó
su propuesta de Decreto de Vivienda
Popular, en el que sentó las bases para
introducir principios de autogestión a las
que, como señalaron, puedan “acogerse
las distintas familias y grupos de vivienda
que decidan desarrollar un proceso alternativo
para la co-gestión y construcción
de vivienda dignas, barrios integrados y
el ejercicio del derecho a la ciudad, con
soluciones efectivas y de largo alcance a
los distintos grupos afectados” (Fenapo,
2011). Los pobladores promovieron el
concepto de autogestión señalando que
los recursos estatales se pueden utilizar
con mayor eficiencia: a iguales montos,
mejores viviendas.
De cada diez pesos que da el Estado
para una vivienda, cuatro terminan en la
vivienda, entonces nosotros les decíamos
pásanos menos pero pásanos a nosotros,
y eso les pareció atractivo a ellos (HR,
2011).
De esta forma, las autoridades aceptaron
realizar una experiencia piloto e incluir
el sistema de autogestión en el subsidio
de vivienda para los pobres. Como
bien afirman los pobladores, la clave está
en no tener intermediarios que capten las
ganancias de la producción.
Se les instala [a las autoridades del
Ministerio] todo el concepto de autogestión
que nosotros venimos empujando,
entendiendo que en la medida que sacamos
el lucro de las empresas inmobiliarias
del medio, seríamos capaces de
construir más y mejor utilizando algunas
técnicas como ayuda mutua (AP, 2011). 22
Los allegados plantearon la formación
de una bolsa de financiamiento colectiva
para los proyectos de vivienda popular,
administrada por los comités; la integración
de familias de ingresos diversos a
los proyectos; la gestión conjunta entre
los pobladores y un gestor de proyectos
del Serviu que acompañe al grupo, y la
contratación directa de la asistencia técnica
financiada por el Estado; finalmente,
la ejecución podrá realizarla una empresa
constructora o, si el comité así lo decide,
el mismo grupo constituido en comité
constructor.
En las negociaciones, uno de los puntos
de desacuerdo entre el Minvu y la Fenapo
era que el Ministerio planteaba que
el comité debía contar con personalidad
jurídica exclusiva para el grupo, en cambio,
los pobladores insistían en que esta
pudiera usarse para varias postulaciones.
Los pobladores también planteaban que
en los proyectos autogestionarios pudiera
haber grupos de más de 160 familias,
que es el número máximo establecido por
el Ministerio en cualquier proyecto, a excepción
de los megaproyectos, que se
pueden construir por etapas.
Yo hasta apostaría por hacer condominios
de 300 familias mientras todos
se conozcan. Es más importante que se
conozcan al número de personas que se
van a meter al condominio (RS, 2011).
Los pobladores quedaron confiados
en que, en virtud de los acuerdos establecidos
con las autoridades, esto es, el
mantenimiento de los montos del subsidio
y del subsidio de localización y la incorporación
de la modalidad de autogestión,
se estaría avanzando considerablemente
en reconocer el valor de la gestión y
producción de vivienda que realizan los
pobladores, pese a que el gobierno no
se comprometió con una versión final del
nuevo programa habitacional.
La posición del Ministerio fue siempre
“mira, no sabemos si el decreto pasa o si
pasa un componente”, nosotros decíamos
el 174 de los pobladores, y el Ministerio
decía el 174 2.0, esas eran las dos
lógicas (HR, 2011).
La Fenapo insistió además en la necesidad
de constituir un banco de suelos
y solicitó que el Ministerio adquiriera, o
cediera, si son fiscales, 50 terrenos para
destinarlos al desarrollo de sus proyectos
en 17 comunas. El Ministerio manifestó
su interés por implementar un programa
de suelo fiscal, toda vez que también la
OCDE le ha sugerido mejorar el acceso
de los pobres a terrenos bien localizados,
de modo que puedan vivir en comunas
donde haya habitantes de ingresos mayores
(OCDE, 2012). Sin embargo, el gobierno
se opuso a la reserva explícita de
terreno para cada grupo, argumentando
que, de haber terrenos disponibles, estos
deberían licitarse para la ejecución de
proyectos de vivienda social que no estén
dirigidos a un grupo en especial.
22 Dirigente del MPST, expresidente de la Voz de los Sin Casa, de la toma de Peñalolén. Entrevista realizada
por la autora.
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