Untitled - Fundación Superación de la Pobreza

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el diseño de los instrumentos de planificación
territorial. Los allegados iniciaron
otra clase de lucha por terrenos y fueron
consolidando su poder como actores urbanos.
En esta nueva etapa, los pobladores
recibieron el apoyo de los estudiantes
y de otros movimientos sociales.
Con respecto a la vivienda, el programa
Fondo Solidario de Elección de
Vivienda, promulgado en abril de 2012,
restringe enormemente la participación
de gestores y autogestores en la implementación
de proyectos de vivienda, que
había sido muy activa. El nuevo decreto
va en una dirección totalmente opuesta
al movimiento de los allegados: no solo
desincentiva la participación colectiva,
sino que además aumenta el largo proceso
de obtención de la vivienda y elimina
la posibilidad de comités ampliados que
desarrollan distintos proyectos en paralelo.
En concreto, esta norma restringe
enormemente la labor de asesoría a los
vecinos que los dirigentes han realizado
hasta ahora –replicando los conocimientos
adquiridos en otros proyectos–, y en
ese sentido, desconoce el rol de los gestores
y autogestores porque los representantes
legales de las organizaciones tienen
que ser los mismos postulantes. En
resumen, es un duro revés para las organizaciones
de vivienda.
8. concLusiones
La gestión y la autogestión que realizan
los allegados desde 2006 en el
marco de la nueva política de Bachelet
contienen un fuerte componente de demanda
por acceso a suelo incentivado
por el subsidio de localización y propues-
tas cada vez más elaboradas de mejoramiento
de los programas habitacionales.
En este período los pobladores probaron
nuevas maneras de negociación para
acceder a suelo, discutieron sobre los
instrumentos de planificación territorial
y propusieron que se reserve suelo para
vivienda social. Las organizaciones que
lideran los gestores y autogestores ya no
limitaron su acción al sector donde residen,
sino que colaboraron con otras agrupaciones
y se extendieron por el territorio.
Así, entre 2010 y 2012, germina un
movimiento metropolitano y nacional de
allegados cuyos dirigentes cuestionan
fuertemente las bases del modelo económico
en que se sustenta el sistema
de subsidios estatales, el cual, según
señalan, no hace sino perpetuar las condiciones
de pobreza; al mismo tiempo,
proponen una política de vivienda popular
autogestionada. El descontento de los
pobladores no es aislado, sino que se inserta
en un malestar generalizado proveniente
de distintos sectores sociales que
bregan por una mejor educación, entre
otras demandas.
Hasta 2012 podríamos decir que en
Chile todavía hay dos objetivos que no se
han cumplido. Primero, aunque los pobladores
han intentado gestionar proyectos
susceptibles de ser construidos por ellos
mismos con financiamiento estatal, como
ocurre en otros países, aún no lo han conseguido.
De todas formas, la información
y las experiencias que intercambian con
otros movimientos, nacionales e internacionales,
les impulsan a seguir en esa
dirección. Segundo, hasta la fecha los
pobladores no han logrado que las autoridades
los escuchen realmente.
Sin embargo, la experiencia y el conocimiento
acumulados por los pobladores
les confieren la legitimidad para participar
en la definición e implementación de
las políticas públicas. Junto con ello, desde
que en 2006 abandonaron el mecanismo
de las tomas para emprender otras
formas de lucha por el acceso a suelo,
los pobladores se ubican en una nueva
plataforma de acción y negociación.
Ahora bien, ¿cómo se pueden concebir
políticas que incorporen las soluciones
que plantean los pobladores, desde
el conocimiento que ellos tienen de su
territorio?
Una primera respuesta es que se necesita
una forma más apropiada de colaboración
entre los pobladores y otros
actores, como los agentes públicos, políticos
o técnicos, tanto a nivel central
como de los gobiernos locales, que se
aleja de lo que llamamos participación y
se aproxima a una colaboración por cogestión.
El término participación, presente
cada vez más en el discurso, pero cada
vez menos en las prácticas y en la toma
de decisiones sobre la ciudad, está ampliamente
superado. Hoy es necesario
acuñar un concepto más cercano a “colaboración”,
entendida como un modo de
acción que moviliza deberes y derechos,
saberes y competencias, y asegura el
resguardo de los intereses –no siempre
convergentes– de todos los actores implicados
en la toma de decisiones. Así,
más que participar, la idea es compartir o
distribuir los poderes. En otras palabras,
se trata de la colaboración de muchos
actores que apunta a una cogestión de la
ciudad, algo que algunos investigadores
han conceptualizado como “gestión compartida
y democrática” (Teixeira y De Morais,
2011) y otros como “coproducción”
(Déclève, Forray y Michialino, 2002).
Una segunda respuesta es que una
política más redistributiva en cuanto a los
recursos y más democrática en cuanto a
las decisiones solo es posible redefiniendo
el problema y a los interlocutores de
las instituciones públicas. Más que acceso
a una unidad habitacional, se trata
de crear barrios insertos en la ciudad,
con tipos habitacionales diversos y más
adaptada a las necesidades de familias
con características distintas, cuyos habitantes
tengan la posibilidad de acceder
a todos los beneficios que ofrece la
aglomeración. Por su parte, la definición
de los interlocutores, sobre todo del principal,
no es un tema menor. Es necesario
salir de un modelo en el cual, para producir
la vivienda, es decir, para definir
estándares de diseño, sistemas constructivos,
materialidad, localizaciones, el Estado
tiene ante sí al sector privado, y en
que los pobladores son solo destinatarios
de un subsidio del que no pueden hacer
uso para gestionar suelos o en calidad de
productor inmobiliario. Aunque por definición
quien se sienta del otro lado de la
mesa es el receptor de los beneficios estatales,
desde 1973 todos los gobiernos,
incluidos los de la Concertación, tienen
por interlocutor principal a representantes
de la empresa privada.
Si el objetivo es que los pobres tengan
más oportunidades de acceder a un
hábitat de mejor calidad, en estricto rigor
son los pobladores quienes, en el ejercicio
de sus derechos ciudadanos, deben
ser los interlocutores principales del Estado
en materia habitacional y urbana.
Experiencias sostenidas en el tiempo,
como la de las cooperativas uruguayas,
demuestran que las viviendas autogestionadas
por ayuda mutua cuestan 22%
menos que las viviendas producidas por
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