Untitled - Fundación Superación de la Pobreza

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el mercado y satisfacen mejor las necesidades
habitacionales. Hay países, como
Uruguay, donde es inconcebible que la
vivienda destinada a sectores de bajos
recursos sea fuente de negocio para las
inmobiliarias.
Por último, no podemos dejar de señalar
que las municipalidades también
deberían colaborar estratégicamente con
el gobierno central. En vez de tener EGIS
que implementen políticas diseñadas por
el Ministerio, los municipios deberían actuar
como socios de las comunidades
locales y del Minvu. En Chile hay experiencia
de asociaciones entre Ministerios
y municipios que bien valdría la pena
estudiar, en la cual probablemente se
encuentran modelos que podrían reconsiderarse
para la regeneración urbana o
para buscar y comprar terrenos para vivienda
social.
En conclusión, podemos señalar que
la política habitacional nos ha enfrentado
a una paradoja: justamente en el momento
en que el Estado termina de delegar
casi todas las responsabilidades de producción
y gestión de la vivienda al sector
privado, las Entidades de Gestión Inmobiliaria
Social, encargadas desde 2006 de
asesorar y representar a las familias para
postular y aplicar los subsidios habitacionales,
ponen en evidencia las limitaciones
que tienen para implementar los programas
del gobierno ajustados a las demandas
de los pobladores, porque actúan
como organizadoras de la demanda de
las empresas constructoras; y a su vez,
los pobladores aprovechan este vacío y
adaptan su labor utilizando los mismos
mecanismos del sistema de producción
y gestión privada, incluso creando sus
propias empresas autogestoras, las Entidades
de AutoGestión Inmobiliaria Social,
esta vez al servicio de sus propias necesidades.
Así, el traspaso de la gestión del
Estado a las EGIS tiene un efecto opuesto:
con el auge de la gestión y la autogestión
vecinal se cuestionan los principios
de producción y gestión de vivienda desde
dentro del modelo impuesto por el Estado
y el mercado. Esta irrupción de los
gestores y autogestores populares en el
sistema de asociación público privado se
transforma en una nueva plataforma de
negociación y acción, desde la cual los
pobladores demandan ser incorporados
a la definición e implementación de la política
habitacional y urbana, demuestran
capacidades para hacerlo y plantean las
bases para la transformación del modo
de hacer ciudad.
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