Proyecto Educativo Nacional al 2021 - Ministerio de Educación

Proyecto Educativo Nacional al 2021
46 SEGUNDA PARTE
En el nivel regional se definen las políticas regionales, se provee el
servicio educativo y se realiza la articulación intersectorial. En el nivel
local, las UGEL se concentran en las cuestiones administrativas y se crea
un sistema de asistencia técnica a los centros educativos articulado a
municipios, ISP, o a terceros.
civil para que la educación sea relevante, útil para el despegue
de la región. Un nivel central que asume un rol de
liderazgo, y no de simple administrador, es responsable
por los aprendizajes de los estudiantes, funciona para el
logro efectivo de objetivos de política educativa, garantiza
su unidad y continuidad, la compensación de diferencias,
el financiamiento suficiente.
Se hace así visible un nuevo “organigrama” del sistema
educativo. En el nivel nacional (que no debe ser tomado
como central) el MED no administra escuelas sino
que gestiona políticas nacionales en corresponsabilidad
con las regiones. Por su parte, el Sistema Nacional de
Evaluación Acreditación y Certificación Educativa
hace una evaluación externa de los aprendizajes e instituciones
y el Consejo Nacional de Educación se
ocupa de las políticas de Estado. En el nivel regional se
definen las políticas regionales, se provee el servicio
educativo y se realiza la articulación intersectorial. En
el nivel local, las Unidades de Gestión Educativa
Locales (UGEL) se concentran en las cuestiones administrativas
y se crea un sistema de asistencia técnica a
los centros educativos articulado a municipios, ISP, o a
terceros. En el nivel de las instituciones educativas,
estas funcionan con poderes de decisión en cuanto a la
conducción pedagógica, la selección de personal y el
manejo del presupuesto. Las IE tienden a constituir
redes para compartir aprendizajes y recursos que no
podrían tener todas individualmente.
No es realista pensar en una reestructuración endógena:
ella no se hará solamente desde dentro de la administración
educativa, sino que reclama la participación
informada de la ciudadanía, ya que todo centro educativo
tendrá la obligación de comunicar los resultados
logrados por sus estudiantes así como de las razones
que facilitan o impiden el aprendizaje. Lo mismo hará
la autoridad regional y nacional. Esta participación
implica también mayores cuotas de decisión para los
padres de familia y los centros educativos, así como
una mayor presencia del Estado en las zonas excluidas
del país para que la población renueve sus expectativas
en la educación y constate que sus derechos no son
letra muerta sino realidades tangibles.
El financiamiento de la educación tiene que ser entendido
como el costo de todo un proyecto, es decir, de objetivos,
resultados y políticas. Ello demanda un incremento
sostenible y un mejor gasto de los recursos del Estado
bajo criterios de equidad; implica también que se destine
más recursos a las regiones o poblaciones más excluidas
o con mayores desventajas, así como un adecuado mecanismo
de control (evaluación y monitoreo) de la ejecución
orientado a los resultados priorizados.