el comercio de la tortura - Cátedra Unesco de Derechos Humanos

En el edificio del UNIP se encontró una granada de gas lacrimógeno utilizada en el
ataque que fue entregada a los investigadores de Amnistía Internacional y de Human
Rights Watch. Había sido fabricada por una empresa británica, Pains-Wessex, una
filial de Chemring Plc. Amnistía Internacional pidió al gobierno británico que suspendiera
la exportación a Zambia de armamento lacrimógeno. Sin embargo, el 21 de
julio del 2000, cuando el gobierno publicó su informe anual sobre exportaciones de armas
se supo que, en 1999, el Reino Unido había concedido licencias para exportar granadas
y munición de gas lacrimógeno e irritante a Zambia. Amnistía Internacional sigue
presionando hoy para que se suspendan estas transferencias a Zambia hasta que la
policía de este país responda adecuadamente de sus actos y reciba la instrucción adecuada
sobre el uso de este gas. La organización también está tratando de averiguar cuál
es la empresa responsable de la exportación de este material.
La policía y las fuerzas de seguridad disponen actualmente de toda una serie de
armas cuyo uso se promueve alegando que proporcionan un control eficaz que evita el
riesgo de causar muertes. Las empresas que fabrican y comercializan estos dispositivos
afirman que son una alternativa humana a la fuerza letal. Sin embargo, existen abundantes
datos que indican que algunas de estas armas «que no llegan a letales» se han
empleado indebidamente y han producido lesiones graves, e incluso la muerte. Como
sucede con los demás tipos de material y técnicas o conocimientos expertos mencionados
en este informe, los controles sobre la fabricación, el comercio y el uso de pulverizadores
químicos son muchas veces deplorables. Es urgente y necesario que se dicten
instrucciones claras sobre cómo deben utilizarse estas armas y que se hagan cumplir
tales instrucciones mediante los debidos mecanismos de vigilancia. Las fuerzas que las
utilizan deben recibir la formación adecuada. Y para algunas de las novedades más recientes
en este campo, se precisa una evaluación independiente que determine si realmente
son una alternativa «humana».
Gran parte de este material —por ejemplo, los pulverizadores químicos y el gas
lacrimógeno— está destinado al control de multitudes. Por tanto, muchos de los ejemplos
de uso indebido se han producido cuando las fuerzas de seguridad han intentado
disolver manifestaciones. Algunas de ellas eran protestas políticas pacíficas donde el
deseo de las autoridades de eliminar la disidencia se tradujo en el uso de fuerza excesiva
por parte de los cuerpos de seguridad. En otros casos, se han lanzado sustancias
químicas en recintos cerrados, en contra de las instrucciones del fabricante, poniendo
en peligro a las personas que estaban en su interior. También se han denunciado muchos
casos de uso excesivo de la fuerza en los que se ha rociado directamente a personas en
la calle con pulverizadores químicos y gas lacrimógeno, o se han utilizado éstos contra
presos, a veces con consecuencias mortales.
En 1999, un informe de la Oficina de Denuncias contra la Policía del Reino Unido
reveló que en el 40 por ciento de los 135 casos estudiados, el uso de gas lacrimógeno
no había sido en defensa propia, en contra de lo que establecen las directrices. En el
14 por ciento de los casos se había empleado contra personas a las que la policía ya había
inmovilizado; en un 4 por ciento, la persona ya había sido esposada. El informe revelaba,
además, que el 75 por ciento de los cuerpos policiales del Reino Unido habían elaborado
sus propias directrices «adicionales», que hacían dudar de su congruencia con
UN COMERCIO EXECRABLE: EL COMERCIO DE LA TORTURA
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