el comercio de la tortura - Cátedra Unesco de Derechos Humanos

dió que, según su experiencia, el uso de estos aparatos fomentaba una dependencia excesiva
de ellos, y que el mero hecho de su disponibilidad aumentaba su uso. 31 Además,
subrayó que lo más importante en el traslado sin riesgos de reclusos potencialmente peligrosos
era contar con personal debidamente entrenado.
Algunas empresas ofrecen formación sobre el uso de aparatos de electrochoque
como medio para garantizar la seguridad, pero no todos los posibles usuarios pueden
acceder a tal formación. Por otra parte, el contenido en derechos humanos de los cursos
parecía endeble o inexistente. El manual de uno de ellos, realizado en Estados
Unidos, dice: «Si un agente hace un uso indebido de un arma electrónica menos que
letal o maltrata a una persona con ella, la consecuencia del error podría, en el peor de
los casos, producir una lesión de poca importancia y no permanente».
Los casos de abusos que se exponen en este informe muestran lo engañoso de estas
afirmaciones. También se han denunciado fallecimientos debidos al uso de diversos dispositivos
paralizantes. El 29 de junio del 2000, los guardias penitenciarios utilizaron
en repetidas ocasiones una pistola paralizante Ultron II para inmovilizar a Lawrence
James Frazier, un preso de 50 años que padecía diabetes, en la prisión estatal de Wallens
Ridge (Virginia, Estados Unidos). El recluso estaba en la enfermería del centro, a
donde al parecer lo habían llevado por una hipoglucemia. Murió cinco días después,
el 4 de julio. El 13 de julio, el Departamento de Prisiones de Virginia declaró que un
«estudio médico» ordenado sobre el fallecimiento había llegado a la conclusión de
que éste no había sido causado por el uso de la pistola paralizante. El 26 de julio, el director
del Departamento de Prisiones de Virginia escribió a Amnistía Internacional afirmando
que su departamento «no tenía intención de suspender el uso de las armas de
electrochoque. Su seguridad se ha comprobado en los tribunales en varias ocasiones y
han sido declarados métodos seguros y humanos para controlar a un interno que constituye
una amenaza para sí mismo y para los demás». Sin embargo, el «estudio médico»
fue realizado por un facultativo que no tuvo acceso a los informes forenses y que
no examinó el cuerpo. El informe nunca se hizo público, y el Departamento de Prisiones
reconoció posteriormente que en realidad el estudio consistió en una revisión de las políticas
y procedimientos médicos del departamento más que en un informe sobre las
causas de la muerte.
El 31 de julio de 1996, 16 viajeros murieron y 80 resultaron gravemente heridos durante
una estampida multitudinaria que se produjo en la estación de ferrocarril de Tembisa,
de Johannesburgo (Sudáfrica). El gobierno nombró un comité para investigar la tragedia,
y en agosto de 1996 el comité emitió un informe que decía:
La causa directa y más inmediata del desastre ocurrido en la estación de Tembisa el
31 de julio de 1996 son los indebidos y persistentes golpes y descargas con porras
31 Un adjunto de la Oficina del Sheriff del condado de Vanderburgh (Indiana, Estados Unidos)
declaró a Amnistía Internacional en abril de 1999 que, tras el nombramiento de un nuevo
sheriff en enero, se habían introducido cambios que podrían propiciar que los adjuntos vacilaran
menos a la hora de usar el cinturón paralizante con ciertos reclusos, porque «están ahí para
ser usados».
AMNISTÍA INTERNACIONAL
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