el comercio de la tortura - Cátedra Unesco de Derechos Humanos

En enero de 1997 se informó de que la policía de Phnom Penh (Camboya) estaba utilizando
potentes porras eléctricas para reprimir desórdenes públicos e interrogar a
detenidos. Thun Saray, presidente de la organización de derechos humanos ADHOC,
declaró:
Se están empleando porras de fabricación china para forzar a los detenidos bajo
custodia policial a confesar antes de formularles cargos. 37
Thun Saray pidió que se retirasen las porras a la policía hasta que el Ministerio de
Sanidad hubiera realizado un estudio sobre sus peligros para la salud humana. Los trabajadores
de la fábrica de confección Tack Fat, en el distrito de Meanchey en Phnom
Penh, han afirmado también que la policía había empleado estos aparatos durante los
conflictos laborales, lo que había producido varios heridos. Un miembro de la Policía
de Intervención de la ciudad reconoció que las porras eran armas potentes: «si un ciudadano
es alcanzado [por una porra], perdería el conocimiento». 38
En Europa Occidental, el mayor número de proveedores conocidos de material paralizante
de electrochoque está en Alemania, Francia y Polonia. Tanto Alemania como
Francia tienen capacidad de fabricación nacional y permiten la comercialización y
venta de estos aparatos. Sin embargo, el gobierno alemán no permite la utilización de
estas armas en las prisiones alemanas ni que la policía alemana los emplee. Ninguno
de los dos gobiernos publica datos oficiales sobre la exportación de estos productos.
La globalización de los mercados ha aumentado las oportunidades para que comerciantes
sin escrúpulos eludan los desfasados controles nacionales de la exportación. Según
una investigación independiente sobre empresas estadounidenses implicadas en la
transferencia internacional sin licencia de armas de electrochoque, la permisividad de
los controles internacionales permitía que las empresas estadounidenses y sus socios
en el extranjero pusieran en práctica una técnica llamada drop-shipping. Cuando una
empresa estadounidense no puede exportar armas de electrochoque directamente a un
país extranjero, paga a un productor de un tercer país con controles de exportación poco
rígidos (o inexistentes) para que exporte las armas extranjeras con etiqueta estadounidense.
Después esa empresa le factura al cliente a un precio superior y se embolsa el
beneficio. La técnica ha permitido que las empresas eludan los controles estadounidenses
sobre la exportación y transfieran armas de electrochoque a países donde podrían ser
empleadas para infligir torturas y malos tratos.
En diciembre de 1997, S&J Products, una empresa estadounidense proveedora de pistolas
paralizantes de electrochoque y otros productos de seguridad, fue procesada por
exportar «a sabiendas y deliberadamente» pistolas paralizantes y pulverizadores de
pimienta a Guatemala, Indonesia, México, Papúa Nueva Guinea y Filipinas sin las
pertinentes licencias de exportación. S&J Products ya había intentado antes exportar
37 «Batons Shock Rights Group», The Cambodia Daily — Weekly Review, 24 de enero de 1997.
38 Ibídem.
UN COMERCIO EXECRABLE: EL COMERCIO DE LA TORTURA
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