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Por su parte, el CONAM debe promover la harmonización de las competencias
ambientales nacionales, regionales y locales. Para tal efecto, aprueba Guías de Gestión
Institucional del Ambiente, en las cuales se incluyen “recomendaciones” que orienten
sobre el ejercicio de dichas funciones y, sobre el fortalecimiento institucional de las
unidades ambientales de las dependencias públicas del país. Podemos observar en estas
guías que la participación ciudadana debe ser:
Informada: acceso oportuno a la información pertinente.
Efectiva: no es una formalidad, sino un instrumento para tomar decisiones.
Universal: es un derecho de todos.
Planificada: obedece a determinados objetivos y, a un plan determinado.
Integral: presente a lo largo del proceso de toma de decisiones, no solo en
alguna etapa.
Temprana: debe ser viable desde el inicio de los procesos de toma de
decisiones.
De doble vía: la autoridad debe dar cuenta de los aportes formulados por la
ciudadana.
Si bien, estos procedimientos han significado un paso adelante en el proceso de
participación informada, esto es claramente insuficiente (MMDS, 2002, Pág. 554). La
participación ciudadana es mínima, ya que el lenguaje para explicar estos estudios en las
audiencias públicas generalmente es técnico. Como podemos observar, en el diagrama
4, la participación ciudadana en la aprobación de los EIA para un proyecto nuevo, no es
totalmente participativo, ya que este se realiza en la fase de la audiencia pública, que es
la parte final de aprobación del EIA. Se debería, desde un inicio, realizar la ejecución de
los EIA junto a representante de las comunidades, para que puedan dar a conocer las
necesidades principales de las comunidades aledañas, de esta forma, en la audiencia
pública los interesados ya tendrían un proceso inicial de concertación.
Con respecto al control del cumplimiento de las normas y de los planes de manejo
ambiental aprobados en los EIA, esto es realizado por Fiscalización Minera, ente del
Ministerio de Energía y Minas. Es interesante recalcar que los EIA son pagados por la
empresa interesada.
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