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4. Conclusiones y Recomendaciones
El Ministerio de Energía y Minas de Perú sigue un marcado interés por la
Inversión Privada, esto hace que se encuentre en una serie dificultad para poder
implementar políticas públicas que favorezcan a las comunidades.
Con respecto al Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAM) es una
institución con sólidos principios, el problema radica en que sólo puede emitir
sugerencias respecto a la fiscalización del Medio Ambiente.
Respecto a la legislación peruana, Perú tiene leyes ambientales que protegen el
medio ambiente pero no todas se cumplen. Existe una cultura de tergiversación y
desnaturalización de la ley. Esta conducta informaliza las normas y no da claridad
jurídica.
La asimetría de poder, que se va concentrando entre gobiernos y las grandes
empresas transnacionales, que se han instalado en Perú, se basa en la influencia
económica y consecuentemente política de estas grandes empresas, que se hace más
evidente con la mega-fusión de los últimos años.
Es necesario, la integración de las políticas socio-ambientales, en el marco de la
promoción de la inversión minera nacional, como la forma principal de avanzar al
desarrollo sostenible. Las políticas de desarrollo científico y tecnológico, en el área
socio-ambiental, deben estar articuladas con la actividad minera.
La legislación socio-ambiental peruana, debe ser más estricta en la fiscalización,
de la parte socio-ambiental. Para garantizar un cumplimiento en la legislación, es
necesario la creación de una institución independiente al Ministerio de Energía y Minas,
que se haga cargo de la fiscalización del Medio Ambiente en minería.
Hay que tener en cuenta, que solamente una inversión intensiva con cambios
tecnológicos incorporados, acompañada de la tecnificación de la mano de obra, puede
definir una secuencia de desarrollo regional.
Las prácticas socio-ambientales, desarrolladas por las empresas estudiadas, están
orientadas a la parte ambiental. Podemos ver que ambas empresas presentan autoregulamentación,
con respecto a la parte ambiental (ISO 14001). Ninguna de las
empresas estudiadas presentan uso de Normas Sociales.
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