Sentencia-Norín-Catriman-y-otros-Corte-IDH

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Marileo Saravia, Juan Ciriaco Millacheo Licán, Pascual Huetequeo Pichún Paillalao y Segundo Aniceto
Norín Catrimán.
42. Chile no presentó argumentos ni objeciones preliminares o de fondo respecto del marco
fáctico del caso. En su contestación señaló, en términos generales, que rechaza “todas y cada una de
las violaciones a los derechos humanos que se le imputan en el Informe de Fondo de la Comisión, y
en los escritos de Solicitudes, Argumentos y Pruebas de los representantes de las presuntas
víctimas” y no presentó argumentos que controvirtieran la alegada violación del artículo 7 de la
Convención. En sus alegatos finales escritos el Estado se refirió a la normativa procesal penal en
Chile que regula la prisión preventiva, sin aludir a los casos concretos de las presuntas víctimas. El
Estado tampoco efectuó objeción alguna relacionada con la prueba pericial propuesta por los
intervinientes comunes cuyo objeto abarcó el tema de la prisión preventiva 42 .
43. El presente caso presenta la particularidad de que en el Informe de Fondo la Comisión
Interamericana resolvió de manera conjunta las cuatro peticiones sobre las cuales versa el caso
sometido a la Corte, con lo cual en el referido informe se realizó una breve descripción de los
procesos penales seguidos contra las ocho presuntas víctimas. Dicha descripción fue detallada y
completada por los intervinientes comunes. En opinión de la Corte, los hechos descritos por los
intervinientes comunes en sus escritos de solicitudes y argumentos sobre las medidas de prisión
preventiva a las cuales fueron sometidas las presuntas víctimas constituyen hechos que
complementan y detallan las determinaciones fácticas incluidas en el Informe de Fondo, en la medida
en que las detenciones preventivas fueron decretadas en el marco de los procesos penales seguidos
contra las presuntas víctimas descritos por la Comisión Interamericana. En consecuencia, esos
hechos se considerarán parte del marco fáctico, y la Corte los analizará respecto de las ocho
presuntas víctimas tomando en cuenta la prueba documental relativa a los tres expedientes penales
internos.
2. Sobre las detenciones iniciales y su control judicial
44. En las declaraciones rendidas por las presuntas víctimas Florencio Jaime Marileo Saravia y
Víctor Manuel Ancalaf Llaupe en la audiencia pública celebrada en el presente caso formularon
afirmaciones sobre hechos relacionados con la legalidad de las detenciones iniciales de algunas de las
presuntas víctimas y el tiempo que transcurrió entre dichas detenciones y el respectivo control
judicial.
45. En el Informe de Fondo no se hizo referencia alguna a esos aspectos fácticos, y ni la Comisión
ni los intervinientes comunes presentaron argumentos específicos sobre el fondo en relación con la
legalidad de la detención inicial. Por otra parte, cabe destacar que, si bien las detenciones iniciales
son medidas dictadas en el marco de las investigaciones que forman parte de los procesos penales
de este caso, para analizar si se configuraron posibles violaciones de los derechos consagrados en los
artículos 7.2 y 7.4 de la Convención es preciso examinar el cumplimiento de requisitos formales a
cuyo respecto no se aportaron a la Corte medios probatorios suficientes para efectuar tal examen. En
consecuencia, esos hechos no integran el marco fáctico del presente caso y la Corte no se
pronunciará respecto de ellos.
42
Cfr. Declaración rendida el 17 de mayo de 2013 por el perito Claudio Alejando Fierro Morales ante fedatario público
(affidávit) sobre: “las [alegadas] afectaciones al debido proceso y a las garantías judiciales de las personas procesadas bajo el
régimen regulado en la [L]ey antiterrorista; las características del antiguo sistema de procedimiento penal y la compatibilidad de
los referidos marcos legales con los estándares internacionales en la materia”, y declaración rendida el 15 de mayo de 2013 por el
perito Mauricio Alfredo Duce Julio ante fedatario público (affidávit) sobre “los alcances de las reglas constitucionales y legales de la
prisión preventiva en Chile y su uso en la práctica por los tribunales de justicia. En particular, [se referirá a la] previsión normativa
de la causal ‘peligro para la seguridad de la sociedad’” (expediente de declaraciones de las presuntas víctimas, testigos y peritos,
folios 3 y 37 a 80).