exclusión, identidad étnica y políticas de inclusión social en el perú

EXCLUSIÓN, IDENTIDAD ÉTNICA Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL EN EL PERÚ 621
expresión de un sistema de dominación al cual estaba sometida la población
indígena. Sin embargo, su estatus jurídico era distinto al de la población esclava
de origen africano. Como señala María Rostworowski, “A pesar de la facilidad
de asimilación del negro a las costumbres españolas, el indio era considerado
superior al negro por no ser esclavo y así lo contemplaban las leyes” (Rostworowski
y otros 2000: 34).
Como bien lo han afirmado diversos autores, la llegada de la independencia
y la formación del Estado republicano no implicaron mayores cambios en
la situación socioeconómica de los estratos sociales bajos (Cotler 1992, Flores
Galindo 1993). Se trató del advenimiento de una “República sin ciudadanos”,
en la que el Estado ejerció un papel claramente excluyente hacia los grupos
no blancos ni criollos (Lumbreras 2003: 77). La fragmentación social, el segregacionismo
y el racismo hacia las poblaciones étnicas no eran sino expresión
de los problemas generados por la “herencia colonial”. En este contexto, la
instauración de la República no implicó la incorporación de indígenas y afrodescendientes
a la condición de ciudadanos peruanos. El trabajo servil, el tributo
indígena y la esclavitud fueron instituciones que convivieron durante varios
años con el régimen republicano, de modo tal que el reconocimiento de los
derechos ciudadanos de los indígenas y de los afrodescendientes fue parte de
un proceso gradual, parcial y tardío. Baste recordar que solo luego de treinta
y tres años de proclamada la independencia, los afrodescendientes lograron
formalmente cierto nivel de ciudadanía en virtud de la abolición del sistema
esclavista; o que recién el año 1980 la población analfabeta, mayoritariamente
indígena, pudo ejercer su derecho ciudadano al voto para elegir y ser elegida
como autoridad política.
Esta fue una situación compartida por ambos grupos. Quizá la diferencia
más importante entre ambos resida en el reconocimiento, de parte del Estado,
de ciertos derechos colectivos para las poblaciones indígenas, y sobre todo
en la centralidad que estas tuvieron en la definición de la “cuestión nacional”
—discusión que marcó el debate intelectual y político desde fines del siglo
diecinueve y durante todo el siglo veinte—. Sobre lo primero, cabe señalar
que, en efecto, la incorporación del “negro” a la condición de la “ciudadanía
peruana” se dio mediante el reconocimiento de sus derechos ciudadanos a título
individual. En el caso de la población indígena, el tratamiento y la relación
del Estado hacia ella estuvieron marcados por la figura de su representación
corporativa mediante las comunidades indígenas, reconocidas como una institución
sujeto de derechos colectivos.
En el periodo posterior a la crisis política y económica generada por la
derrota en la guerra del Pacífico, el país vivió una etapa de cuestionamiento
y debate sobre la viabilidad del mismo como nación. Esa suerte de “toma de
conciencia” de la situación nacional, marcada por las discusiones de intelectua-