exclusión, identidad étnica y políticas de inclusión social en el perú

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NÉSTOR VALDIVIA, MARTÍN BENAVIDES, MÁXIMO TORERO
les y políticos de la época, llevó a la conclusión de que la “cuestión indígena”
representaba una de las principales deudas o problemas a resolver en el Perú.
Desde ese entonces, la relación entre el Estado nacional y la población indígena
estuvo signada por una mezcla de exclusión, paternalismo y asimilación vertical.
De hecho, la condición de explotación y marginación en la que se encontraba
esta población dio lugar a movimientos indigenistas de diversa índole y variada
base ideológica, desde fines del siglo diecinueve y en adelante. Un dato a tener
en cuenta es que ese tipo de posturas “indigenistas” también se desarrollaron
desde el Estado; expresión extrema de esa suerte de indigenismo estatal es la
que quedó reflejada en las políticas promovidas por el gobierno de Augusto B.
Leguía. Desde los inicios de la República, las comunidades indígenas fueron
objeto de una legislación ambigua: por un lado, hubo corrientes liberales que
promovieron la asimilación de la población indígena mediante el reconocimiento
de sus derechos ciudadanos como individuos, soslayando el reconocimiento de
toda forma de organización corporativa; y por otro, se desarrollaron iniciativas
legales que buscaron proteger los derechos colectivos de las comunidades indígenas,
como una forma de defender la organización, la economía y la cultura
de las poblaciones nativas.
A partir de la segunda mitad del siglo veinte, con el surgimiento de ideologías
políticas reformistas, nacionalistas y desarrollistas, fue claro que el discurso
estatal estuvo orientado a reivindicar social y políticamente a la población de
origen indígena, optando por recusar el término ‘indígena’ como una forma de
contrarrestar el estigma discriminador. Esto no fue solo parte del discurso oficial
del Estado sino también de las orientaciones políticas e ideológicas de los partidos
de izquierda de origen marxista, que concibieron a la población indígena
ante todo como la clase social del “campesinado”. En el ámbito estatal, el punto
más claro de esta tendencia quedó expresado en el gobierno de Juan Velasco
Alvarado (1968-1975), durante el cual se proscribió el término ‘indígena’ para
ser oficialmente reemplazado por el de ‘campesino’.
Esta suerte de proceso de “campesinización” del poblador indígena andino
se produce en un contexto en el cual resurgen los movimientos agrarios y
campesinos, entre las décadas de 1950 y 1970, liderados o influenciados por el
discurso de las organizaciones políticas de izquierda, que levantan las banderas
de demandas de precios justos, mayor atención al campo y acceso a la propiedad
de la tierra.
La importancia del debate sobre la “cuestión indígena” y la reivindicación
de esa población como elemento constitutivo de la identidad peruana son temas
que estarán presentes desde el origen de los partidos políticos populares en la
década de 1920, sea en su versión marxista o en la corriente que representó el
APRA, y que marcará el discurso de los partidos modernos mesocráticos a partir
del decenio de 1950, cuyo ejemplo más claro fue el partido Acción Popular con