exclusión, identidad étnica y políticas de inclusión social en el perú

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NÉSTOR VALDIVIA, MARTÍN BENAVIDES, MÁXIMO TORERO
Un balance de los últimos quince años de las políticas de reconocimiento
de derechos de las poblaciones étnicas revela que si bien hay algunos elementos
comunes en el tratamiento de la problemática de los grupos étnicos, también se
han delineado algunas diferencias importantes.
Durante la década de 1990, las iniciativas del gobierno de Alberto Fujimori
hacia los pueblos indígenas fueron pautadas en gran medida por las exigencias de
organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de
Desarrollo, que pusieron como prioridad en sus respectivas agendas de desarrollo
el tema de los “pueblos indígenas” y el reconocimiento de sus derechos. Con un
esquema político autoritario que negaba la representación a las organizaciones
independientes de la sociedad civil, la prioridad otorgada al reconocimiento de
la población indígena pasó principalmente por la implementación de políticas
de desarrollo basadas en la asistencia alimentaria, la ejecución de obras de
infraestructura y la titulación de tierras en las zonas rurales y altoandinas.
En 1997 el gobierno de Alberto Fujimori creó la Secretaría Técnica de Asuntos
Indígenas (SETAI), en reemplazo del Instituto Indigenista Peruano y como parte
del Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano (PROMUDEH), con
el fin expreso de promover y coordinar proyectos intersectoriales, así como proponer
y formular políticas y normas sobre “asuntos indígenas”. Otras instancias
que cumplieron una función importante en relación con la problemática de las
comunidades indígenas en el país estuvieron centralizadas en el Ministerio de
Agricultura: el Programa Especial de Titulación de Tierras (PETT), el Programa
Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas (PRONAMACHS) y el Instituto Nacional
de Recursos Naturales (INRENA) para la vigilancia de los recursos naturales.
Un rasgo de las acciones del primer y segundo gobierno de Fujimori es que
estuvieron marcadas por una contradicción entre el discurso y la práctica. Por
un lado, durante ese gobierno el Estado peruano ratificó el Convenio 169 de
la Organización Internacional del Trabajo, el instrumento jurídico internacional
que mayor avance ha significado en términos del reconocimiento de los derechos
de los pueblos indígenas; y por otro lado, durante ese mismo periodo, se
desarrollaron políticas sociales que atentaron directamente contra los derechos
humanos de las poblaciones indígenas. Se debe recordar que durante el segundo
gobierno de Fujimori se llevaron a cabo prácticas de esterilización forzada
promovidas desde el Ministerio de Salud como parte de las campañas de control
de la natalidad, desarrolladas entre los años 1996 y 2000 e inspiradas en la idea
de que ese sería un factor clave en la disminución de la pobreza extrema. Baste
mencionar, al respecto, las denuncias de la Defensoría del Pueblo durante ese
entonces y las conclusiones a las que llegó un informe elaborado por el Comité
de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLA-
DEM). Según el citado informe, ese tipo de programas estuvieron orientados por
pautas y criterios apartados de un enfoque de derechos humanos, lo cual dio