exclusión, identidad étnica y políticas de inclusión social en el perú

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NÉSTOR VALDIVIA, MARTÍN BENAVIDES, MÁXIMO TORERO
analfabeta (mayoritariamente indígena) como parte del reconocimiento de los
derechos ciudadanos formales.
Desde entonces ha habido un avance en diversos ámbitos. Uno de ellos es
el reconocimiento, en la Constitución de 1993, del Perú como “un Estado soberano,
independiente y unitario, cuya realidad social es pluricultural y pluriétnica”
(artículo 65).
Más recientemente, la Ley 26683, llamada Ley de Elecciones Regionales,
promulgada el 14 de marzo del 2002, estableció que la lista de candidatos a cada
consejo regional (instancia legislativa de los gobiernos regionales) deberá estar
conformada por “un 15% de representantes de comunidades nativas y pueblos
originarios de cada región donde existan, conforme lo determine el Jurado
Nacional de Elecciones”. En efecto, según la Resolución 277-2002-JNE, dicho
organismo estableció una norma de postulación de miembros de las comunidades
nativas a cargos públicos de los gobiernos regionales y locales en los siguientes
departamentos: Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto,
Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali.
En otros países latinoamericanos se está avanzando en el reconocimiento de
derechos políticos mediante, por ejemplo, la fijación de una cuota de espacios
en el poder legislativo y la necesidad de tener representantes indígenas (Van
Cott 2000).
En el Perú hay quienes sostienen que el reconocimiento de la existencia de
los pueblos indígenas de parte del Estado debe basarse no en el concepto de
“comunidades” sino en el de “pueblos”, cuyo origen y pasado histórico les otorga
el derecho de ser considerados jurídicamente como tales. 41 Francisco Ballón
(2002a) propugna así la defensa de ciertos derechos de los pueblos indígenas,
tales como el derecho a “tener y elegir representación directa en el Congreso de
la República”, la autodeterminación limitada, los derechos culturales, el derecho
a decidir sobre “sus territorios, tierras comunales de propiedad” y el derecho a
una administración local de justicia (Ballón 2002b).
Algunos intelectuales y académicos también hablan de la necesidad de
otorgar autonomías políticas de ese tipo a los principales grupos étnicos del
país. Entre ellos, Rodrigo Montoya (2001) señala que debe existir autonomía
para las poblaciones quechua, aimara y amazónica, de modo que cada una
tenga su propio gobierno, su Parlamento y sus recursos, así como sus propias
41 “Los pueblos indígenas en el Perú, no son las comunidades campesinas o nativas creadas
por la legislación nacional sino las agrupaciones de todos aquellos que por descender de
poblaciones que habitaban en el país en la época de la conquista, la colonización o el establecimiento
de las actuales fronteras nacionales, cualquiera sea su situación jurídica actual,
conservan toda o parte de sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas”
(Ballón 2002a).