exclusión, identidad étnica y políticas de inclusión social en el perú

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NÉSTOR VALDIVIA, MARTÍN BENAVIDES, MÁXIMO TORERO
consagran la discriminación positiva para favorecer el acceso de los grupos afrodescendientes
a las instituciones de educación superior. 27 Es evidente el contraste
con el caso peruano: el tema de las acciones afirmativas no constituye un punto
importante de la agenda de las organizaciones afroperuanas. Solo recientemente
se ha legislado en contra de las prácticas discriminatorias, más allá de los preceptos
y principios generales igualitarios contenidos en la Constitución.
En principio, el trato igualitario entre las personas está consagrado en la
norma constitucional peruana. Específicamente, en el artículo 2.2 de la Constitución
Política del Perú se señala el “derecho a la igualdad ante la ley y a no
ser discriminado por ningún motivo”. Sin embargo, en los últimos años sí se
han dado algunos cambios legales que combaten o proscriben distintas formas
de discriminación, incluidas las que se sustentan en las diferencias de género,
etnia, cultura, raza o color de piel. En alguna medida, este avance ha sido posible
gracias a la presencia y el accionar de organizaciones étnicas y de organizaciones
de lucha por la defensa de los derechos humanos.
Entre los dispositivos más importantes cabe mencionar la Ley 26772 y la Ley
27049 (que precisa diversos artículos del Decreto Legislativo 716 denominado
“Ley de protección al consumidor”). La primera norma dispone que las ofertas de
empleo y el acceso a instituciones de formación educativa “no podrán contener
requisitos que constituyan discriminación, anulación o alteración de igualdad
de oportunidades o de trato” (artículo 1, Ley 26772). Se define la discriminación
como el trato diferenciado carente de “justificación objetiva y razonable”, que
se basa en características de raza, color, sexo, religión, opinión, ascendencia
nacional u origen social, condición económica, política, estado civil, edad o de
cualquier otra índole. Y se establece que las personas o empresas que discriminen
estarán sujetas al pago de una indemnización y serán sancionadas por el
Ministerio de Trabajo.
En la Ley 27049, específicamente en el inciso d) del artículo 5, dentro del
título referido a los “derechos de los consumidores”, se establece que “los consumidores
no podrán ser discriminados por motivo de raza, sexo, nivel socioeconómico,
idioma, discapacidad, preferencias políticas, creencias religiosas o de
cualquier índole, en la adquisición de productos y prestación de servicios que
se ofrecen en locales abiertos al público”.
Dentro del marco de esta legislación, el Instituto Nacional de Defensa de
la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) ha
quedado autorizado a sancionar con multas y cierre temporal a los establecimientos
que apliquen prácticas discriminatorias. De hecho, aunque no han sido
27 La más avanzada y reciente norma es la Ley 10639, promulgada en enero del año 2003. Para
un mejor conocimiento de los alcances de las acciones afirmativas en el contexto brasileño,
consultar el libro de Nilma Lino (2006).