exclusión, identidad étnica y políticas de inclusión social en el perú

EXCLUSIÓN, IDENTIDAD ÉTNICA Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL EN EL PERÚ 637
una mayor participación directa de las comunidades o pueblos indígenas en la
gestión de esas áreas.
Por otro lado, el 14 de octubre del 2005 fue aprobada la Ley General
del Medio Ambiente, que proporciona un marco para el diseño de políticas
ambientales, los mecanismos de participación ciudadana y el establecimiento
de sanciones a quienes afecten la ecología. 36
En general, los años recientes han estado marcados por conflictos en torno
a la propiedad, el uso y la explotación de los recursos comprendidos en los
territorios de comunidades campesinas y nativas. Entre ellos se puede mencionar
el conflicto de Camisea, durante el cual el Consejo Machiguenga del Río Urubamba
(COMARU), la Central de Comunidades Nativas Machiguengas (CECONAMA)
y asociaciones de campesinos de la zona entraron en conflicto con la empresa
TGP, que tiene a su cargo el gasoducto. Ocurrido un derrame de condensados
líquidos en el kilómetro 8,8 del gasoducto (en un afluente del río Urubamba),
surgió la oposición de comunidades indígenas a la explotación del Lote 56
(denominado Camisea 2), las mismas que demandaron que se esclarezcan las
causas del accidente y se adopten medidas de control eficaces.
En ámbitos como los mencionados, se hace evidente la incapacidad del
Estado para actuar como árbitro y como ente regulador que permita el manejo
responsable de los recursos y asegure una gestión participativa de actividades
como las mencionadas.
Otro campo generador de conflictos similares ha sido el de las actividades
mineras. En relación con esto, en años recientes han surgido diversos conflictos;
entre otros, por ejemplo, el conflicto en Cajamarca con la minera Yanacocha a
partir del intento de exploraciones en el Cerro Quílish. También se debe mencionar
el conflicto en Apurímac en torno al proyecto minero de Las Bambas.
En agosto del 2004 se realizó un Primer Encuentro Provincial de Comunidades
Campesinas de Cotabambas, que reivindicó los derechos de las comunidades
sobre los territorios comprendidos en los planes de explotación de la minera. Las
organizaciones participantes han dejado explícito en una declaración del evento
que los legítimos dueños son ellas —“las comunidades campesinas originarias
y ancestrales que habitamos estos territorios”— (IWGIA 2005: 186).
Un hito en el marco legal que regula los derechos territoriales de las
poblaciones indígenas ha sido la promulgación de la Ley 28736, del 24 de
abril del 2006. Esta norma garantiza los derechos de posesión de los pueblos
en situación de aislamiento o de contacto inicial sobre las tierras que ocupan,
“restringiendo el ingreso de foráneos a las mismas”. Al mismo tiempo establece
36 El proyecto fue sustentado por el presidente de la Comisión de Pueblos Andino-amazónicos,
Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso.