INFORME LEGALProcesos <strong>de</strong>Reestructuración EmpresarialLimitaciones a la Interposición <strong>de</strong> Acciones <strong>de</strong> GarantíasConforme venía anunciándose, recientemente se publicó el Decreto <strong>de</strong>Urgencia Nº 026-2000, que precisa los alcances <strong>de</strong> diversas disposiciones<strong>de</strong>l TUO <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Reestructuración Empresarial y establecelimitaciones a la utilización <strong>de</strong> acciones <strong>de</strong> garantías en esta materia.A continuación presentamos un informe al respectoI. INTRODUCCIÓNComo se recordará, el año pasado se aprobó un nuevo esquemapara el Saneamiento Empresarial, el mismo que seflexibilizó vía un Procedimiento Transitorio. La i<strong>de</strong>a fue brindarinstrumentos legales para que las empresas puedan gestionar losproblemas financieros y económicos que tienen –especialmente<strong>de</strong>spués <strong>de</strong> la última crisis recesiva por la que atravesó el país–sin tener que quedar inoperativas.Dado que las solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> acogimiento al esquema <strong>de</strong> saneamientopresentadas venían siendo inferiores a las que el Gobiernohabía previsto, entre otras razones -según fuentes gubernamentales-por la ausencia <strong>de</strong> normatividad contun<strong>de</strong>nte queimpida que los acreedores o <strong>de</strong>udores <strong>de</strong>jen <strong>de</strong> cumplir con losacuerdos a través <strong>de</strong> interposiciones <strong>de</strong> acciones <strong>de</strong> amparo yotros mecanismos procesales, el Gobierno <strong>de</strong>cidió la aprobación<strong>de</strong> una norma que estableciera algunas reglas al respecto.II. DISPOSICIONES DEL DECRETO DE URGENCIANº 026-2000En razón a lo referido, el 24 <strong>de</strong> abril pasado se publicó elDecreto <strong>de</strong> Urgencia Nº 026-2000, que establece las siguientesdisposiciones:1.DISPOSICIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE REES-TRUCTURACIÓN EMPRESARIALa) Información necesaria para adopción <strong>de</strong> Acuerdos: El segundopárrafo <strong>de</strong>l artículo 30º <strong>de</strong>l TUO <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> ReestructuraciónPatrimonial establece que el insolvente <strong>de</strong>berá poner adisposición <strong>de</strong> los acreedores (en el local <strong>de</strong> la Comisión <strong>de</strong> Reestructuracióno en otro lugar publicitado), con no menos <strong>de</strong> tresdías hábiles antes <strong>de</strong> realizarse la Junta <strong>de</strong> Acreedores, la informacióny documentación necesarias para la adopción <strong>de</strong> losacuerdos materia <strong>de</strong> la convocatoria.Como consecuencia <strong>de</strong> ello, en caso el insolvente no cumplacon la obligación, la norma referida establecía que ello «... acarrearáin<strong>de</strong>fectiblemente la imposibilidad <strong>de</strong> adoptar los acuer-dos para los que la documentación e información hubiese resultadonecesaria».Es respecto <strong>de</strong> esta última parte <strong>de</strong>l segundo párrafo que elDecreto <strong>de</strong> Urgencia se pronuncia, estableciendo que la entrega<strong>de</strong> la información referida constituye una obligación exclusiva acargo <strong>de</strong>l <strong>de</strong>udor comprendido en el proceso y que el cumplimientotardío o <strong>de</strong>fectuoso, o el incumplimiento <strong>de</strong> dicha obligaciónno impedirá que la Junta <strong>de</strong> Acreedores pueda sesionarválidamente y adopte los acuerdos que estime pertinente, conprescin<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> dicha documentación e información.Con esta disposición se piensa cerrar el paso al mecanismoque utilizaban algunas empresas <strong>de</strong> no presentar la informaciónpara mantener la situación <strong>de</strong> insolvencia, e incluso en el supuestoen que la junta llegue a acuerdos, impugnarlos por ilegalesb) Fundamentación <strong>de</strong>l voto <strong>de</strong>l representante <strong>de</strong> CréditosTributarios en las Juntas <strong>de</strong> Acreedores: El artículo 3º <strong>de</strong>l Decreto<strong>de</strong> Urgencia establece que, <strong>de</strong> acuerdo al artículo 50º <strong>de</strong>l TUO<strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Reestructuración Patrimonial, la fundamentación <strong>de</strong>lvoto <strong>de</strong>l representante <strong>de</strong> los créditos tributarios en las juntas <strong>de</strong>acreedores en que se <strong>de</strong>cida la reestructuración, saneamiento,disolución y liquidación o aprobación <strong>de</strong> convenios <strong>de</strong> liquidacióno concursales <strong>de</strong>l <strong>de</strong>udor, se tendrá por cumplida con la solaadhesión <strong>de</strong> aquel a los argumentos que hubiesen sido expresadospara sustentar la posición que resulta coinci<strong>de</strong>nte con su voto.Para dar efecto a la manifestación <strong>de</strong> voluntad, la adhesión<strong>de</strong>be constar en el acta <strong>de</strong> la sesión pertinente.c) Levantamiento <strong>de</strong> la suspensión <strong>de</strong> la exigibilidad <strong>de</strong> obligaciones:Respecto <strong>de</strong> los procedimientos <strong>de</strong> <strong>de</strong>claración <strong>de</strong> insolvencia,concurso preventivo, procedimiento simplificado o procedimientotransitorio; si las personas naturales o jurídicas presentaranacciones <strong>de</strong> garantía que comprendan a su propia solicitud,se levantará la suspensión <strong>de</strong> la exigibilidad <strong>de</strong> obligacionesreferidas en los artículos 16º y 17º <strong>de</strong>l mencionado TUO <strong>de</strong>la Ley <strong>de</strong> Reestructuración Patrimonial y el artículo 7º <strong>de</strong>l Decreto<strong>de</strong> Urgencia Nº 064-99 (Procedimiento Transitorio).2. REGLAS PROCESALESSegún el Decreto <strong>de</strong> Urgencia, <strong>de</strong>berá tomarse en cuenta que:a) En se<strong>de</strong> administrativa, tendrán competencia exclusiva pararesolver las impugnaciones u observaciones a la <strong>de</strong>claración <strong>de</strong>MAYO 2000 35
INFORME LEGALinsolvencia, al reconocimiento <strong>de</strong> créditos y a los acuerdos <strong>de</strong> lajunta <strong>de</strong> acreedores (1) , las Comisiones Ad Hoc y las Comisiones<strong>de</strong> Reestructuración Patrimonial <strong>de</strong>l INDECOPI en primera instanciay el Tribunal <strong>de</strong>l INDECOPI en segunda y última instanciaadministrativa.b) En la vía <strong>de</strong>l proceso contencioso administrativo, serán lasSalas correspondientes <strong>de</strong> la Corte Suprema quienes asuman competenciapara resolver las impugnaciones u observaciones a la<strong>de</strong>claración <strong>de</strong> insolvencia, al reconocimiento <strong>de</strong> créditos y a losacuerdos <strong>de</strong> la junta <strong>de</strong> acreedores ya referidas. En este caso, noes posible utilizar vías procesales distintas para el ejercicio <strong>de</strong>lreferido <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> impugnación.Esta disposición excepciona los procesos relativos a reestructuraciónpatrimonial <strong>de</strong>l esquema general <strong>de</strong> asignación <strong>de</strong> competenciasestablecida por el artículo 542 <strong>de</strong>l Código ProcesalCivil (2) .En este punto, cabe referir que es difícil sostener que el Po<strong>de</strong>rEjecutivo tenga competencia para legislar sobre este tema medianteDecreto <strong>de</strong> Urgencia, puesto que no sería una materia«económico y financiera» (recuér<strong>de</strong>se que el numeral 19 <strong>de</strong>l artículo118º <strong>de</strong> la Constitución establece que correspon<strong>de</strong> al Presi<strong>de</strong>nte<strong>de</strong> la República, entre otros, dictar medidas extraordinarias,mediante Decretos <strong>de</strong> Urgencia con fuerza <strong>de</strong> ley, en materiaeconómica y financiera, cuando lo requiera el interés nacionalcon cargo a dar cuenta al Congreso <strong>de</strong> la República). Deacuerdo a ello, el Decreto <strong>de</strong> Urgencia sería inconstitucional eneste punto.c) La resolución <strong>de</strong> la Comisión <strong>de</strong> Reestructuración referida ala disolución y liquidación (que se expida en los casos referidosen el artículo 82º <strong>de</strong>l TUO <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Reestructuración Patrimonial),o las resoluciones que agoten la vía administrativa que seemitan a consecuencia <strong>de</strong> impugnaciones interpuestas contraacuerdos <strong>de</strong> disolución y liquidación (que se adopten <strong>de</strong> acuerdoa los artículos 35º, 53º, 60º y 63º <strong>de</strong>l citado TUO) sólo pue<strong>de</strong>nser impugnadas en la vía <strong>de</strong>l proceso contencioso administrativo,<strong>de</strong> acuerdo a lo referido en el punto anterior.d) Las acciones <strong>de</strong> garantía que se interpongan en el ámbito<strong>de</strong> cuestiones referidas a la Ley <strong>de</strong> Reestructuración Patrimonial yal Decreto <strong>de</strong> Urgencia Nº 064-99 (Procedimiento Transitorio)serán conocidas en primera instancia por la Sala CorporativaEspecializada <strong>de</strong> Derecho Público y en grado <strong>de</strong> apelación porla Sala Constitucional y Social <strong>de</strong> la Corte Suprema.e) A fin <strong>de</strong> garantizar el <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> las empresas a acogersea las normas <strong>de</strong>l Procedimiento Transitorio (establecido en el Decreto<strong>de</strong> Urgencia Nº 064-99) o al Procedimiento Preventivo (establecidoen el TUO <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Reestructuración Patrimonial) nose admitirá a trámite acción judicial alguna que limite, restrinja oimpida el acceso <strong>de</strong> las empresas a dichos procedimientosconcursales.3. APLICACIÓN DEL DECRETO DE URGENCIADe acuerdo al artículo 7º <strong>de</strong>l Decreto <strong>de</strong> Urgencia, las disposicionesestablecidas se aplican <strong>de</strong> modo inmediato a los procesosen trámite, sea cual fuere la etapa en que se encuentren. Ellono es aplicable a lo referido en 2.d) <strong>de</strong>l presente informe.III. INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO DEURGENCIA Nº 026-2000No obstante estar <strong>de</strong> acuerdo con el propósito perseguidopor el Decreto <strong>de</strong> Urgencia, no lo estamos con el mecanismoutilizado para tal fin, puesto que la norma bajo comentario resulta–<strong>de</strong> manera evi<strong>de</strong>nte– contraria a la Constitución.Efectivamente, el segundo párrafo <strong>de</strong>l artículo 200 <strong>de</strong> la ConstituciónPolítica señala que mediante ley orgánica se regula elejercicio (que incluye el procedimiento, la competencia, los casosen que no es posible acce<strong>de</strong>r a dichas vías, etc.) <strong>de</strong> las accionesconstitucionales, entre las que se encuentra la acción <strong>de</strong> amparo.La Ley Orgánica está reservada a <strong>de</strong>terminadas materias: elprimer párrafo <strong>de</strong>l artículo 106º <strong>de</strong> la misma Constitución estableceque por este medio se regula la estructura y el funcionamiento<strong>de</strong> las entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l Estado previstas en la Constitución, ylas otras materias cuya regulación por ley orgánica está establecidaen la Constitución. En ese sentido, existe prohibición paraque se <strong>de</strong>legue la facultad legislativa sobre leyes orgánicas a laComisión Permanente <strong>de</strong>l Congreso (artículo 101º <strong>de</strong> la Constitución)o al Po<strong>de</strong>r Ejecutivo (artículo 104º <strong>de</strong> la Constitución); <strong>de</strong>acuerdo a lo cual, tampoco sería posible que el Po<strong>de</strong>r Ejecutivose atribuya la facultad <strong>de</strong> legislar dichas materias por Decreto <strong>de</strong>Urgencia.De otro lado, se requiere para su aprobación <strong>de</strong> una mayoríacalificada (en el caso peruano, según dispone el segundo párrafo<strong>de</strong>l artículo 106º referido, los proyectos <strong>de</strong> ley orgánica setramitan como cualquiera otra ley, pero para su aprobación omodificación, se requiere el voto <strong>de</strong> más <strong>de</strong> la mitad <strong>de</strong>l númerolegal <strong>de</strong> miembros <strong>de</strong>l Congreso).Como po<strong>de</strong>mos ver, el diseño constitucional cubre <strong>de</strong>terminadasmaterias -que tienen relevancia especial- y sólo permite queen estos casos, se legisle por Ley Orgánica. Entonces, como hemosdicho, el Decreto <strong>de</strong> Urgencia Nº 026-2000 es inconstitucional.En ese sentido, estimamos que esta medida no tendría mayoréxito, en la medida que un juez competente en materia <strong>de</strong> amparopodría acoger una <strong>de</strong>manda inaplicando el Decreto <strong>de</strong> Urgenciapor inconstitucional, más aún si viola el <strong>de</strong>recho al <strong>de</strong>bidoproceso y al acceso a la justicia.En todo caso, <strong>de</strong>bió incentivarse a los jueces que conocen lamateria a que apliquen con cautela la institución <strong>de</strong> la medidacautelar, ciñéndose a lo dispuesto en el artículo 31 <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong>Habeas Corpus y Amparo y exigiendo que la empresa accionantecorra con el "costo y riesgo" <strong>de</strong> dicha medida (capaz exigiendouna contracautela), y a que tomen mayor cuidado al admitir las<strong>de</strong>mandas <strong>de</strong> amparo.Finalmente, hemos <strong>de</strong> referir, con tristeza que una vez más seviola la norma constitucional, lo que evi<strong>de</strong>ntemente podrá traerluego nuevos inconvenientes con el Po<strong>de</strong>r Judicial. Lo grave <strong>de</strong>lasunto es que, algún funcionario <strong>de</strong> INDECOPI, haya referidoque el Decreto <strong>de</strong> Urgencia refleja la opinión <strong>de</strong> dicha instituciónacerca <strong>de</strong>l uso abusivo <strong>de</strong> las acciones <strong>de</strong> amparo; <strong>de</strong> acuerdo aello, el propio INDECOPI, en su lucha contra el abuso <strong>de</strong> lasempresas, estaría avalando una norma abiertamente inconstitucional.–––––(1) Los artículos 14º, 23º y 39º <strong>de</strong>l TUO <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Reestructuración Patrimonialy el Decreto <strong>de</strong> Urgencia Nº 064-99 se refieren a estos temas.(2) El Artículo 542 <strong>de</strong>l Código Procesal Civil establece que cuando la Resoluciónobjeto <strong>de</strong> impugnación se emite por órgano administrativo colegiado(caso <strong>de</strong>l Tribunal <strong>de</strong> INDECOPI), es competente en primera instancia laSala Civil <strong>de</strong> turno <strong>de</strong> la Corte Superior.36MAYO 2000