Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales (Lima ... - AELE

JURISPRUDENCIA COMENTADAcon presentar las mencionadas declaraciones a pesar dehaberse encontrado afecta en dicho período conforme se haseñalado por lo que se encuentra acreditada la infraccióntipificada en el numeral 1 del Artículo 176º del Código Tributario.Conclusión:Por lo expuesto soy de opinión que se REVOQUE la Resoluciónde Jefatura Zonal Nº 195-4-00041 de 28 de diciem-bre de 1994, en el extremo referido a los intereses moratoriosy confirme en lo demás que contiene.Salvo mejor parecer,Silvia León PinedoVocal InformanteCOMENTARIO:La Resolución materia de comentario, que es jurisprudenciade observancia obligatoria, resuelve un recurso de reclamaciónpresentado contra la Resolución de Jefatura Zonal dela Oficina Zonal de Huánuco de la SUNAT que declara improcedentela reclamación contra una Resolución de Determinacióngirada por omisión al pago del IPM entre febrero yjulio de 1994 y una Resolución de Multa por no presentar ladeclaración jurada de dicho impuesto en el referido periodo.La Resolución confirma la apelada, salvo en el tema delcálculo referido a los intereses moratorios, pues a raíz delcambio de criterio dispone la no aplicación de los referidosintereses.Como se recordará, el artículo 71º de la Ley Nº 23407, LeyGeneral de Industrias, dispuso que las empresas industrialesestablecidas en Zonas de Frontera o Selva sólo tributan porcontribución al IPSS, derechos de importación y tributos municipales,y por tanto estarían exoneradas de todo otro impuesto,creado o por crearse, inclusive de aquellos que requiriesende norma exoneratoria expresa.Posteriormente, el artículo 39 del Decreto Ley Nº 25980estableció que la tasa del Impuesto de Promoción Municipalen las operaciones exoneradas del IGV, por aplicación delArtículo 71º de la Ley Nº 23407 -Ley General de Industrias-,era de 18% (en adelante IPM). Esta norma ha sido derogadapor la Tercera Disposición Final de la Ley Nº 27037 -Ley dePromoción de la Inversión en la Amazonía-, derogó dichoImpuesto a partir del 1 de enero de 1999.Frente a recursos presentados por contribuyentes contra elIPM, el Tribunal Fiscal ha sostenido en una serie de Resoluciones(por ejemplo, las RTFs. Nºs. 735-1-96, 774-1-97 y1169-1-97) que «si la empresa se encontrara exonerada delImpuesto General a las Ventas durante el periodo acotado,también lo estaría del Impuesto de Promoción Municipal,toda vez que dicho tributo se determinaba conjuntamentecon el Impuesto General a las Ventas, sobre la misma baseimponible y le era de aplicación las exoneraciones , inafectaciones,beneficios y regímenes promocionales del IGV, másaún si el literal a) del artículo 73º del Decreto Legislativo Nº775, establece que se mantenían vigentes las inafectaciones,exoneraciones y demás beneficios del Impuesto General alas Ventas otorgados por el artículo 71º de la Ley Nº 23407,ley General de Industrias, referido a las empresas industrialesubicadas en las Zonas de Frontera o de Selva;»Es decir, el criterio que aplicaba el Tribunal Fiscal era quela exoneración del IPM a las empresas ubicadas en Zonas deSelva y frontera se mantenía vigente.Dicho criterio ha sido variado a partir de la Resoluciónmateria de comentario. Efectivamente, según refiere la propiaResolución, según Acuerdo de Sala Plena del 03 de juniode 1999, se varió el criterio contenido en la RTF Nº 1169-1-97.Es por dicha razón que el Tribunal dispone que en estecaso deba aplicarse el artículo 170º del Código Tributario, detal manera que el contribuyente no está obligado a pagarintereses moratorios. Asimismo, el Tribunal dispone que estono se aplica para el caso de la multa por no presentar ladeclaración jurada porque «... en este caso no existía dudaen el cumplimiento de dicha obligación formal.»De otro lado, el Tribunal se abstiene de pronunciarse sobrela inconstitucionalidad de la norma solicitada por el recurrente(que había sostenido que se viola el principio de igualdadtributaria consagrado en el artículo 74º de la Constituciónal disponer una tasa diferencial del IPM para los sujetosexonerados del IGV por el artículo 71º de la Ley Nº 23407,sin que exista razón alguna que justifique esta diferencia) porconsiderarse incompetente; tal como ha hecho en los últimosaños.Independientemente de estar de acuerdo con esto último,el Tribunal Fiscal debió explicitar las razones que lo llevarona establecer un criterio diferente al que tenía hasta ese momento.Aunque dicha obligación no fluye de la literalidaddel artículo 154º del Código Tributario, si se desprenden delmismo, máxime si el artículo 129º del mismo Código Tributariodispone que las resoluciones expresarán los fundamentosde hecho y de derecho que les sirven de base.De acuerdo a lo referido en el párrafo anterior, el TribunalFiscal debió aborda el tema de la aplicación ultractiva de laLey General de Industrias.MAYO 2000 41